El Gobierno mexicano capitalizará Pemex y aumentará las ayudas fiscales
México, 15 feb (EFECOM).- El Gobierno mexicano presentó este viernes un paquete de ayudas para reflotar a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que incluye una inyección de capital y mayores incentivos fiscales.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que asume el "desafío" de limpiar de corrupción a Pemex para devolverle la viabilidad financiera.
López Obrador encabezó la presentación de un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la empresa que, sumado al ahorro esperado en la lucha contra el robo de combustible, representan un beneficio previsto de 107.000 millones de pesos (4.916 millones de euros) este año.
El director de Finanzas de Pemex, Alberto Velázquez, explicó que la primera medida de apoyo es la capitalización de la empresa, contemplada en el presupuesto federal de este año, por 25.000 millones de pesos (1.148 millones de euros).
La segunda es el pago adelantado, por parte de la Secretaría de Hacienda, de pagarés de apoyo por 35.000 millones de pesos (1.607 millones de euros) que el Gobierno federal había suscrito previamente para mejorar el pasivo laboral de la empresa.
La medida más relevante, según Velázquez, es el aumento de los incentivos fiscales a Pemex a través de mayores deducciones.
Este incentivo representará una disminución de la carga fiscal de al menos 15.000 millones de pesos (689 millones de euros).
El funcionario precisó que este incentivo será acumulativo durante el sexenio, de tal forma que para 2020 llegará a 30.000 millones de pesos (1.378 millones de euros).
"Esto nos da una aportación líquida para este año de 75.000 millones de pesos (3.444 millones de euros)", dijo.
Adicionalmente, como resultado de la lucha contra el robo de combustible emprendida por el actual Gobierno, se espera un beneficio de 32.000 millones de pesos (1.470 millones de euros) por la recuperación de ingresos.
Según López Obrador, esta serie de medidas refleja la decisión de su Gobierno de "fortalecer a Pemex como empresa estratégica" ante la precaria situación que vive por la disminución de la producción de hidrocarburos, el envejecimiento de su infraestructura y fuertes recortes de presupuesto que implicaron menores prospecciones.
La situación de la petrolera llevó en enero pasado a la firma de evaluación crediticia Fitch Ratings a rebajar la calificación del pasivo a largo plazo de Pemex del grado BBB+ a BBB-, lo que lo sitúa a un paso de perder el grado de inversión.
"Estoy convencido de que el principal problema de Pemex, lo que llevó a Pemex a estos extremos de debilitamiento, fue la corrupción. Si acabamos con la corrupción, Pemex va a renacer, y esto se aplica para el país", dijo López Obrador.
Interrogado sobre la viabilidad de las medidas anunciadas dada la ingente deuda financiera de Pemex (105.960 millones de dólares a octubre pasado), el mandatario reiteró que la inyección de fondos, la reducción tributaria y, sobre todo, "limpiar a Pemex de corrupción", permitirán "sacar adelante a la empresa".
"Los tecnócratas que apostaron a la privatización, que son corresponsables de la quiebra, del fracaso de Pemex, están ahora en una postura, para decirlo suavemente, de escepticismo, de que no se va a poder, Yo acepto el desafío", recalcó.
Durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se trataron de afrontar los problemas de la empresa con planes de austeridad y recortes de personal mientras se potenciaba la reforma energética, que abrió el sector energético a la iniciativa privada tras casi ocho décadas de monopolio estatal.
Sobre la empresa también pesan acusaciones de corrupción, por ejemplo contra el que fuera director general entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, por su supuesta vinculación en el caso Odebrecht.
La lucha contra la corrupción en Pemex emprendida por el nuevo Gobierno, que entró en funciones el 1 de diciembre, ya ha dado sus primeros frutos, como la acusación de la Fiscalía General, anunciada el 8 de febrero, contra un exempleado que presuntamente permitió el saqueo de hidrocarburos.
En diciembre, el Gobierno lanzó una estrategia contra el robo de hidrocarburos, tras denunciar que esta conducta costaba al país unos 65.000 millones de pesos anuales (casi 3.000 millones de euros).
