Oviedo, 18 feb (EFECOM).- CCOO de Industria de Asturias ha pedido que el futuro estatuto de la industria electrointensiva en el que trabaja el Gobierno incluya un compromiso de mantenimiento del empleo y de la producción, que evite deslocalizaciones, como la de la multinacional del aluminio Alcoa, para las empresas que se acojan a ese instrumento.

Esta propuesta forma parte del conjunto de alegaciones presentadas por el sindicato durante el periodo de consulta pública del real decreto por el que se pretende regular el denominado Estatuto de los Consumidores Electrointensivos.

Para CCOO, es necesaria una definición clara de los criterios para que una compañía sea considerada como electrointensiva que permita que las soluciones se apliquen "en las industrias que realmente las necesitan" y que las empresas asuman además el compromiso de contraer una serie de obligaciones.

El sindicato, que urge al Gobierno a aprobar estas medidas de forma urgente una vez finalizado el periodo de consultas, considera que el futuro estatuto de las empresas electrointensivas debe servir para evitar situaciones como las que están atravesando centenares de trabajadores "que ahora mismo ven peligrar sus empleos.

Asimismo, reclaman que constituya "por fin" un marco en materia de costes eléctricos que termine con la incertidumbre que viene durando demasiados años, la única manera de generar un entorno de estabilidad para afrontar las inversiones necesarias que den sostenibilidad a los puestos de trabajo.

CCOO, que asegura que sus propuestas no sólo tienen cabida en el marco jurídico español sino que además se basan en medidas ya implantadas en el resto de la UE, pide también dotar de partidas en los Presupuestos del Estado para la compensación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero por una cuantía similar a las que establecidas en países como Francia y Alemania.

Asimismo, exige definir un marco estable y adecuadamente retribuido del servicio de interrumpibilidad -por el que se paga a algunas industrias por desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad- con periodicidad al menos anual y preferiblemente bienal frente al carácter semestral de la actual subasta.

El sindicato pide establecer una regulación que favorezca el establecimiento de contratos bilaterales entre suministradores y consumidores como en el resto de Europa y una exención de hasta el 90 por ciento de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución y del 95 por ciento del impuesto eléctrico.

CCOO reclama que se aplique en su integridad, y hasta el máximo autorizado por la Comisión Europea, la compensación de sobrecostes indirectos tanto los derivados de las emisiones indirectas de CO2 como del desarrollo de las energías renovables.