Madrid, 19 feb (EFECOM).- La organización de consumidores Facua pide al Ayuntamiento de Madrid que en la ordenanza municipal para los vehículos de alquiler con conductor (VTC) las plataformas Uber y Cabify, como "empresas que ofrecen y contratan con los usuarios" este servicio, no deben ser consideradas meras intermediarias sino "prestadores del servicio" y deben estar "regidas por el derecho español y sujetas a un marco de derechos y deberes". 

En una nota de prensa en la que explica sus aportaciones al borrador de ordenanza que prepara el Ayuntamiento, Facua Madrid pide que estas empresas se adhieran a las juntas arbitrales de Consumo o de Transporte.

La organización de consumidores explica que estas peticiones fueron transmitidas este lunes por su presidenta, Marian Díaz Palacios, en una reunión con la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, en el marco de audiencia pública de la Ordenanza Municipal de las VTC en la que trabaja el Consistorio.

A la reunión, celebrada en la sede del organismo, asistieron el director general de Gestión, Francisco Javier López Carmona; la directora general del Instituto Municipal de Consumo, Carmen Rebollo, otros miembros de la Administración y un representante del Comité de Personas con Discapacidad, además de la presidenta de FACUA Madrid.

Según Marian Díaz, "no es raro que las condiciones de contratación de estas empresas queden sometidas a la Ley y tribunales extranjeros, como sucede con el caso de Uber, que se rige a través de la ley de los Países Bajos", por lo que es fundamental que se recoja en la ordenanza la obligación de regirse por la legislación española.

Díaz considera que hay margen de mejora para la norma propuesta, especialmente en lo que se refiere a la regulación de las obligaciones específicas de las empresas prestadoras del servicio y las plataformas virtuales puesto que estas últimas "tratan de autocalificarse como un mero servicio de intermediación, rechazando así las responsabilidades propias del empresario y prestador de servicios".

Y añade la presidenta de Facua que "resulta innegable que el consumidor contrata directamente con la plataforma digital que es la que facilita el medio de contratación".

La asociación reclama además que sería necesario incluir expresamente en la ordenanza que dichas empresas no puedan utilizar teléfonos con prefijos 901 ó 902 para la atención a los consumidores y usuarios.

FACUA Madrid considera también que, "para aportar el nivel de información y transparencia adecuado y exigible a los prestadores del servicio y facilitar el control de la actividad", el registro del Ayuntamiento de Madrid debe incluir a todos los agentes con los que interactúa el usuario: la plataforma con la que contrata el servicio (VTC, Cabify), el conductor del vehículo y la empresa propietaria de la licencia VTC, que además es la propietaria del vehículo y quien contrata al conductor. 

Y añade que "el registro debe contar además con los datos relativos al seguro de responsabilidad civil vigente del vehículo y la fecha última de inspección técnica".

Díaz ha expresado también que "por nuestra experiencia, el arbitraje se presenta como una vía de resolución rápida, gratuita y efectiva" y por tanto "es un camino idóneo para atender la gran mayoría de reclamaciones que los usuarios pueden plantear en relación con este servicio" y ha solicitado que dichas empresas queden adheridas a estos sistemas arbitrales.