Cynthia de Benito

Lisboa, 20 feb (EFECOM).- El acceso a las cuentas de más de 50.000 euros, última medida estrella de la Hacienda portuguesa para luchar contra el blanqueo de capitales, ha acabado por granjear al fisco fama de "Gran Hermano" que, denuncian los más críticos, empieza a saber demasiado de los ciudadanos.

En el centro de la cuestión está el llamado "sigilo bancario", una medida que protege la confidencialidad de las cuentas y que recientemente ha visto modificado su baremo.

Ahora, los bancos deberán informar a Hacienda sobre los clientes que superen los 50.000 euros, esté esa cantidad en una sola cuenta o repartida en varias de la misma entidad; solo se conocerá el montante, no los movimientos de esa cuenta.

Pero estas limitaciones no han tranquilizado a muchos portugueses, que consideran que se compromete la protección de datos personales y que el fisco empieza a ir demasiado lejos, teniendo en cuenta que la Ley Tributaria ya permitía conocer datos bancarios ante la sospecha de que se ha cometido un delito fiscal.

La medida, concluyen, es por tanto innecesaria, y las comparaciones con el "Gran Hermano" de Orwell no se han hecho esperar.

"Lo que nos preocupa no es que profesionales puedan acceder a los datos, sino lo que podrán hacer con esos datos. Eso es lo que tiene que ser bien monitorizado", apunta a Efe Ernesto Pinto, experto en fiscalidad de la plataforma de defensa de consumidores DECO Proteste.

DECO Proteste es una de las asociaciones más críticas con esta reducción del sigilo bancario, sobre la que aconsejan a los ciudadanos.

Para Pinto el problema no es tanto que se pueda conocer el saldo -"quien no debe, no teme", afirma- sino el uso que se pueda hacer de la información hasta ahora confidencial.

"En una sucursal cualquiera de Lisboa o Madrid, en una ciudad cosmopolita, un ciudadano es uno más, pero en una aldea de treinta o cuarenta personas, si alguien sabe la vida de todos los residentes, es una situación de poder completamente diferente", ejemplifica.

Además, duda de que sea tan efectiva en su principal objetivo: mejorar la lucha contra el blanqueo.

"Sabemos también que existe mucha astucia por parte de quien se involucra en esto", comenta este analista, que duda de la coherencia de la medida cuando existen instrumentos como las "visas gold", que otorgan la residencia a extranjeros a cambio de una inversión de medio millón de euros en un inmueble o que transfieran un millón de euros al país.

"Existen situaciones un poco extrañas, Portugal continúa dando 'visas gold' a ciudadanos que compren por un determinado valor y muchas veces uno también se pregunta si el Estado portugués se preocupa por saber de dónde viene ese dinero", comenta Pinto.

Y además, concluye, ya existen otros mecanismos para detectar irregularidades en cantidades "mucho más pequeñas", por ejemplo, en una transferencia.

"Es decir, existe un gran control relativamente a todo lo que tiene que ver con movimiento de dinero", zanja.

Su opinión choca con el planteamiento original del Gobierno portugués, dirigido por el socialista António Costa, que avanzó con la medida inicialmente en 2016.

Entonces, y aprovechando la implementación de una directiva europea sobre intercambio de información fiscal, extendió a ciudadanos residentes la aplicación del mecanismo que se necesitaba para acceder a las cuentas de extranjeros no residentes.

En suma: si la herramienta era buena para detectar delitos fiscales entre no residentes, también lo sería para los que viven en Portugal, argumentando además que no había motivo para que el fisco tuviera, en relación a ellos, menos información de la que pasaba a organismos internacionales sobre los extranjeros.

La polémica medida ya intentó aprobarse en 2016, pero fue vetada por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, por considerarla inoportuna en un momento en que se acometía una profunda reestructuración del sistema financiero luso.