El PSOE propone a los grupos un nuevo acuerdo para salvar el Pacto de Toledo
Madrid, 20 feb (EFECOM).- El grupo parlamentario socialista trata de salvar el Pacto de Toledo con un acuerdo que está planteando al resto de grupos, que incluiría solo las dos primeras recomendaciones de las veintidós que estaban encima de la mesa, según han dicho este miércoles a
En caso de acuerdo, la Comisión del Pacto de Toledo podría trasladar al Gobierno un consenso político en torno a la necesidad de que la revalorización de las pensiones vuelva a estar ligada por ley al IPC real y la petición de que el Estado se haga cargo progresivamente de los gastos impropios de la Seguridad Social como las prestaciones de maternidad y paternidad.
La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, ha explicado en declaraciones a los medios "que no tiene que ser ningún problema porque es un acuerdo de mínimos" y que se podrían incluir, si los grupos así lo deciden, otras recomendaciones como las que hablan de jóvenes, mujeres o personas con discapacidad.
La recomendación 1 es la que tiene que ver con la separación de las fuentes de financiación del sistema, en tanto que la recomendación 2 se refiere al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y se mantendría en los términos en los que fue cerrada el pasado mes de septiembre por todos los grupos, con un voto particular de ERC.
En esta recomendación todos los grupos coincidieron en que el vigente índice de revalorización de las pensiones (IRP), introducido unilateralmente por el PP en su reforma de 2013, "no goza del suficiente consenso político y social".
El texto pide recuperar el consenso de la que se firmó en 2011 y cierra la puerta a que gobiernos futuros puedan establecer de forma unilateral otro mecanismo de revalorización diferente al IPC, ya que señala que cualquier debate o consulta debe ser en el marco del Pacto de Toledo.
En lo que respecta a la recomendación 1 se mantendría que las cotizaciones deben estar destinadas exclusivamente a financiar prestaciones "sin perjuicio de aportaciones que el Estado pudiera realizar en su condición de garante del sistema".
El texto dice que progresivamente dejen de financiarse con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social, y pasen a hacerlo con financiación tributaria, las políticas de empleo, las prestaciones de maternidad y paternidad, el complemento de maternidad de la pensión y las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación o el tratamiento favorable en la cotización.
También debería aplicarse este criterio a los incrementos en la base reguladora de la pensión que perciben las viudas mayores de 65 años sin trabajo no rentas, dada su naturaleza asistencial no contributiva.
Además, se recomienda que la asunción progresiva por parte del Estado de estos gastos se ajuste a un calendario "que permita acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos al sistema en un plazo que no podrá exceder del año 2025".
