deWashington, 21 feb (EFECOM).-Delegaciones de EEUU y China iniciaron hoy en Washington una nueva ronda de conversaciones comerciales, a diez días de que se cumpla el plazo dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para elevar los aranceles al gigante asiático si no hay acuerdo.
La delegación estadounidense está encabezada por Robert Lighthizer, representante de Comercio Exterior, acompañado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross.
Por parte china, encabeza el equipo negociador Liu He, viceprimer ministro, junto con el gobernador del banco central, Yi Gang, y el viceministro de Finanzas Zheng Zeguang.
Las conversaciones se prolongarán durante dos días y, aunque no hay confirmado un encuentro de Liu con Trump, es posible que sea recibido por el mandatario en la Casa Blanca al término de la ronda.
Trump se reunió el sábado con el equipo de negociadores que viajó la semana pasada a China y calificó las conversaciones de "muy productivas".
La duda ahora es si Pekín y Washington lograrán un pacto antes de la fecha límite de principios de marzo, establecida por Trump, quien ha advertido de que si no se consigue un acuerdo elevará los aranceles impuestos a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares del 10 % al 25 %.
Trump ha abierto la puerta en los últimos días a un posible retraso en la aplicación de esta subida de aranceles si hay progresos significativos, y ha remarcado que sería un "honor" retirar estos aranceles si finalmente se alcanza un pacto con Pekín que incluya mayor acceso para los productos estadounidenses en el mercado chino.
El presidente chino, Xi Jinping, y Trump acordaron el pasado 1 de diciembre una tregua de 90 días, lo que significa que el plazo para cerrar un pacto comercial definitivo expira el próximo 1 de marzo.
China ha adoptado varias medidas de buena voluntad para cerrar un acuerdo, como la bajada de aranceles a los vehículos importados de EEUU, la reanudación de la compra de soja de este país o la presentación de un proyecto de ley para prohibir la transferencia forzada de tecnología.