Madrid, 25 feb (EFECOM).- La deuda del sistema eléctrico se redujo a cierre de 2018 hasta los 18.851 millones de euros, lo que supone una reducción del 10 % (2.143 millones de euros) con respecto a los 20.994 millones de euros que se registraron en 2017, según ha publicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, de acuerdo con el análisis realizado, la CNMC estima que la deuda del sistema eléctrico se terminará de pagar en 2028 y que, adicionalmente, haya reducciones significativas en 2021 y anualmente entre 2026 a 2028.

A 31 de diciembre, los derechos de cobro relacionados con el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE) representaron casi el 82 % del importe total pendiente de cobro.

A continuación se situó el derecho de cobro asociado a la deuda del sistema eléctrico (el desajuste entre los ingresos y los costes del sistema) correspondiente a 2013 con un 13 % del total.

El 5,2 % restante estaba en manos de vehículos de titulización extranjeros, a través de los cuales se han titulizado los derechos de cobro del déficit de 2005 y del llamado déficit ex ante.

Asimismo, la CNMC destaca que durante los años 2017 y 2018, la anualidad correspondiente al FADE representó un 76 % de la anualidad total satisfecha a los titulares de los derechos de cobro.

Por otro lado, el coste de la anualidad de la deuda del sistema eléctrico correspondiente a 2018 ascendió a 2.738 millones de euros, un 2,81 % inferior a la anualidad total satisfecha en 2017, que fue de 2.818 millones de euros.

En 2014, el sistema eléctrico registró un superávit de 550 millones de euros, después de 14 ejercicios consecutivos de déficit anual y hasta la fecha el superávit acumulado asciende a 1.591 millones de euros.

En concreto, el superávit de 2015 fue de 469 millones de euros, el de 2016 sumó 422 millones y en 2017 cerró con 150 millones.

De acuerdo con diversas órdenes ministeriales, parte del superávit acumulado en estos años se destinara a financiar las cantidades abonadas por varias sociedades en concepto de bono social, tras diversas sentencias anulatorias del Tribunal Supremo.

Concretamente, los importes de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por un total de 518,5 millones de euros.

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2017 y la Ley 6/2018, se han dedicado 120 millones para ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables en territorios no peninsulares, mediante la transferencia de 60 millones al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con efectos de 2017, y otros 60 millones de euros con efectos de 2018.