El Gobierno tunecino no renovará la concesión de la explotación salina que la compañía francesa COTUSAL, creada en 1949, gestionaba desde época colonial, anunció el primer ministro, Yousef Chahed.

En declaraciones difundidas hoy por la prensa local, el jefe del Ejecutivo explicó que la decisión fue adoptada "en defensa de los intereses nacionales".

"Todos aquellos contratos de prolongación que no sean conformes a la ley también será revocados", declaró Chahed en el marco de una conferencia nacional de la Organización Tunecina en Defensa del Consumidor.

Este convenio para la explotación del dominio público marítimo fue firmado por un período de 50 años e incluye una cláusula por la que se renueva automáticamente cada quince años y la rescisión del mismo no se hace con un preaviso de diez años.

Según los medios tunecinos, el Ejecutivo pone fin así a un litigio entre la compañía y el Estado tunecino por el pago de los cánones, que no han sido modificados desde el año de su firma y que están calculados sobre el valor del antiguo franco francés por hectárea.

Un convenio que priva a las arcas públicas de 500.000 dinares anuales, más de 140.000 euros, en ingresos fiscales, según declaró el pasado mes de mayo el antiguo secretario de Estado de Minas, Hachem Hmidi.

La Compañía General de Salinas en Túnez (COTUSAL), fue creada en 1949, tras la fusión de cuatro empresas francesas, y actualmente es una sociedad con capital mixto: 65 por ciento extranjero y 35 por ciento tunecino.

Esta filial del grupo galo Salins detentó el monopolio del sector hasta 1994, y a día de hoy todavía se beneficia del 70 por ciento de la producción, que comparte con otras seis compañías.

Gracias a sus tres explotaciones salinas, en Susa, Sfax y Zarzis, produce al año, según cifras publicadas por la empresa, un millón de toneladas de las cuales 750.000 toneladas están destinadas a la exportación.

La Coalición Tunecina por la Transparencia en la Energía y Minas (CTTEM), integrada por trece asociaciones ecologistas, se felicitó por la decisión del gobierno que calificó de "paso positivo" aunque "tardío".

"En un contrato injusto que ha generado grandes pérdidas financieras al Estado durante más de 70 años", subrayó en declaraciones a las agencia estatal TAP, y reclamó la apertura de una investigación independiente para "identificar a los responsables de este retraso".

Asimismo, propuso aumentar el control de la explotación hasta el final de la licitación, prevista en octubre de 2019, para asegurar "el respeto a sus compromisos medioambientales y sociales".

Tras la llamada Revolución de los Jazmines de 2011, que puso fin a los 23 años de poder de Zine El Abidine Ben Ali, la nueva clase política y la sociedad civil tomó conciencia del principio de soberanía sobre los recursos naturales y denunció su monopolio por parte de compañías extranjeras.