Procesan a la exdirectora de la CAM por irregularidades en participada
La Audiencia Nacional ha decido procesar a la ex directora general de la CAM Dolores Amorós y a otras tres personas por un presunto delito de administración desleal, por presuntas irregularidades relacionadas con la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).
Un auto del juzgado central de instrucción nº 3 señala a Amorós y al que fuera director general de Empresas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Daniel Gil Malabrera, así como al exdirector general de TIP Vicente Sánchez Asensio, como autores, así como al empresario Rafael Galea, como cooperador necesario.
Según relata el auto, a instancias de Daniel Gil se creó en 2002 la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) para que la CAM pudiera participar en operaciones de desarrollo de suelo; participada al 100 % por la caja, operaba con diferentes empresas, una de ellas Hansa Urbana, propiedad de Rafael Galea.
Todo ello se habría hecho con la intención de aflorar plusvalías en Hansa Urbana y TIP para mejorar el resultado de estas sociedades; en concreto, se detalla una operación en Cabo Cortés (México), con unos terrenos valorados por Tinsa en 443 millones de euros.
Pese a que la CAM contaba también con otra valoración efectuada por Richard Ellis que tasaba los terrenos en 196 millones de euros, se tuvo en cuenta la tasación de Tinsa, aunque no se habían obtenido las licencias preceptivas y por lo tanto no se podía iniciar el proyecto inmobiliario.
Debido a esta valoración, prosigue el auto, la CAM pudo aflorar en el ejercicio contable de 2010 un resultado positivo de 40 millones de euros, que los auditores externos, una vez analizadas las cuentas, rechazaron.
Asimismo, a mediados de 2011 Hansa se encontró con una "crítica posición de liquidez", lo que llevó a la CAM, que tenía "mucha participación en ella", a reestructurar su deuda.
Para ello, se decidió efectuar un canje de la deuda que Hansa tenía en México, tomando como valor de los terrenos la tasación de 443 millones de euros, "sin que se hubiera producido ningún cambio en la concesión de licencias".
