Un estudio propone un mercado de derechos de alquiler de viviendas turísticas
Madrid, 4 mar (EFECOM).- Un estudio publicado por Fedea propone crear un mercado de derechos de arrendamiento de viviendas a corto plazo para regular el alquiler turístico, que se canaliza a través de plataformas como Airbnb, y evitar las externalidades negativas que genera en algunos destinos.
El informe destaca que tales derechos se distribuirían en principio entre todas las viviendas del municipio y podrían ser comprados o vendidos en un mercado específico, posibilitando, entre otras cosas, un mejor reparto de los beneficios de esta actividad entre todos los propietarios o residentes de una determinada zona.
La rentabilidad de los alquileres de corto plazo varía mucho en función de la ciudad e incluso de la propia localización urbana, superando en algunas zonas el rendimiento de los de larga duración, con lo que pueden incrementarse los precios de estos últimos, al tiempo que reducirse la oferta, dificultando la permanencia de inquilinos habituales.
Se trataría de proporcionar a cada vivienda del municipio un derecho de alquiler a corto plazo transmisible por un periodo de tiempo determinado.
Las características de un derecho deberían ser distintas dependiendo del mercado turístico en cada ciudad o barrio, por ejemplo, limitando el número de personas o de días permitidos, a través de la zonificación.
Para ejercer ese derecho, los propietarios deberán pagar una tasa que dependerá de la ubicación del alquiler, duración de la estancia, precio cobrado o número de visitantes.
Estas medidas de zonificación deberían aplicarse en aquellos municipios donde el incremento del precio de los alquileres se haya constatado de mayor intensidad como consecuencia directa del incremento de la oferta de Airbnb.
En aquellos donde esos efectos son mucho más moderados, el informe propone flexibilizar las condiciones para pueda aumentar la oferta de viviendas turísticas, a fin de aprovechar en mayor medida las potenciales ventajas del nuevo fenómeno.
En España, la regulación de los arrendamientos turísticos recae sobre las comunidades autónomas y ayuntamientos y se ha caracterizado por su dispersión, no existiendo una mínima base común en el ámbito estatal.
Los autores del estudio, Armando Ortuño (Universidad de Alicante) y Juan Luis Jiménez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria), explican que la cesión se produjo en 2013, dos años antes de que el incremento de la oferta convirtiera este fenómeno en un disruptor en el sistema económico español.
Por ello, consideran que el Estado podría establecer las bases de la regulación de las viviendas turísticas sin perjuicio de la necesaria complementariedad de las políticas en urbanismo, vivienda y turísticas propias de las comunidades autónomas y ayuntamientos, atendiendo a la singularidad de los diferentes municipios, modelos de desarrollo urbano y su problemática asociada.
