Ruth del Moral

Madrid, 5 mar (EFECOM).- Los decretos leyes para regular los alquileres y para equiparar los permisos de paternidad y maternidad tienen visos de ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso una vez que hoy ya se han disuelto las Cortes Generales.

El Gobierno ha buscado el consenso para poder aprobar por mayoría los tres reales decretos leyes del 1 de marzo, el de la vivienda, el de la igualdad laboral y el vinculado a las medidas para afrontar un eventual "brexit" sin acuerdo, y de momento hay datos para el optimismo.

Unidos Podemos se ha pronunciado a favor y ERC, PNV y PDeCAT no los ven con malos ojos.

A partir de hoy será la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la que tiene que convocar a la Diputación Permanente para someter a debate de convalidación o derogación tanto estos decretos leyes como los que podría aprobar el Ejecutivo en próximos consejos de ministros.

Unidos Podemos ha confirmado que la ley de los alquileres y la de igualdad laboral contarán con su voto favorable por "responsabilidad", pese a que los considera "insuficientes".

En declaraciones a

El PDeCAT ha señalado que los analizarán "uno a uno", pero que el del alquiler "tiene buenas posibilidades si el Gobierno cumple con sus compromisos en materia de incentivos fiscales".

Con estos posibles apoyos las nuevas normas se enfrentan sólo a la oposición de PP y Ciudadanos, que critican que el Ejecutivo utilice el Parlamento para su campaña electoral con una batería de "decretazos".

"Necesitamos tiempo y sosiego para valorar en su justa medida", afirman fuentes de la formación naranja sobre el decreto ley de igualdad laboral frente al que mantienen dudas en torno a las sanciones a empresas, al tiempo que avanzan que no apoyarán el decreto de vivienda porque desincentivará el mercado del alquiler.

"El problema de gobernar saltándose el Parlamento con el dinero de todos y en campaña electoral es que hurta a todos los españoles y al resto de partidos la posibilidad del debate parlamentario y de enmendar las cosas que sean mejorables", incide Ciudadanos.

Lo cierto es que el Gobierno pretende salvar en el Congreso algunas de las normas que han decaído tras el rechazo de los Presupuestos de 2019 y la convocatoria de elecciones anticipadas, a la vez que quiere cumplir con el compromiso adquirido con Podemos de sacar adelante un nuevo Real Decreto de Vivienda después del fracaso del anterior, derogado el 22 de enero.

La diputada de En Comú Podem Lucía Martín ha afirmado a EFE que "por responsabilidad y para parar la política del PP sobre vivienda vamos a apoyar este real decreto ley. El mejor posible que se puede hacer", aunque lamenta que no contemple una regulación de los precios del alquiler.

El decreto establece, entre otras medidas, que las rentas se actualicen durante la vigencia del contrato conforme al índice de precios de consumo (IPC), fija determinados incentivos fiscales y un índice de precios de referencia de los alquileres que deberá estar listo en un plazo de 8 meses.

También amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años (o a 7 años, si el arrendador es persona jurídica), la prórroga tácita de 1 a 3 años y mejora las políticas de protección a personas vulnerables desahuciadas.

La otra norma con rango de ley que será abordada por la Diputación Permanente también contaría con el voto favorable de la formación morada, aunque critican que la configuración de los permisos parentales no sea las más adecuada.

"No hay nada gordo que pueda obstaculizar un voto a favor", señala a EFE la diputada Yolanda Díaz, que, sin embargo, critica que la ley sea "vaga" y "declarativa" y no contemple sanciones o controles precisos sobre la igualdad retributiva.

Díaz se queja de que la ley podría ser más contundente con la entrada en vigor de los permisos parentales, que serán iguales e intransferibles a partir de 2021.

Los permisos de paternidad se amplían hasta las ocho semanas y llegarán a doce semanas en 2020 y a dieciséis un año después.

Asimismo, el decreto contempla la recuperación de las cotizaciones sociales para los cuidadores de personas dependientes, principalmente mujeres y obligará a las empresas medianas y grandes (con más de 50 empleados) a publicar tablas salariales.