Madrid, 15 mar (EFECOM).- El sector del aceite de oliva ha mostrado estos días su preocupación por el desplome de los precios en origen, lo que ha llevado a las organizaciones agrarias a reclamar medidas excepcionales para frenar la caída y a pedir incluso la apertura de una investigación de las autoridades de Competencia.

Según datos oficiales los productores de aceite de oliva recibieron en febrero 2,38 euros de media por litro, frente a los 3,4 euros de un año antes, una caída del 30 % que en marzo parece haberse agravado, según se desprende de las cifras de los observatorios de precios de Poolred e Infaoliva.

Los descensos son incluso mayores -del 50 % en algunas categorías- si se comparan con mayo de 2017, el momento en el que se registraron los precios más altos de los últimos años, cuando el pago medio se situaba cerca de los 4 euros.

En el campo, los productores hacen hincapié en que la situación es singularmente "extraña" porque en teoría debería ser una campaña positiva para sus intereses, con una cosecha muy alta en España -se prevé que cierre cerca de los 1,8 millones de toneladas- y descensos en otros países productores como Italia o Grecia.

Sus críticas, aunque todavía veladas, se dirigen en esta ocasión a industriales y envasadores -quienes procesan y refinan el aceite para su posterior comercialización- y no tanto a las cadenas de supermercados, donde los precios han bajado, pero menos: actualmente el litro de aceite de oliva de marca blanca oscila entre 3 y 3,70 euros, aproximadamente.

Desde el sector industrial y envasador rechazan las acusaciones y subrayan que por el momento las exportaciones a países con bajas cosechas -en las que se confía para absorber el excedente español, ya que el consumo a nivel nacional ronda el medio millón de toneladas- no suben tanto como algunos esperaban.

En Andalucía, que produce cerca del 80 % de todo el aceite de oliva español, las organizaciones agraria Asaja, COAG y UPA ya han abogado públicamente por que el Gobierno solicite a Bruselas que active el sistema de almacenamiento privado.

En la práctica, este mecanismo -activado por última vez en 2012- supone dar ayudas europeas para retirar producto del mercado de forma transitoria para recuperar los precios, confiando en que al reducir la oferta éstos mejoren.

La normativa europea exige como condición que el precio en el mercado sea inferior a 1,52 euros en el caso de la categoría lampante, de 1,71 euros para el virgen y 1,78 para el virgen extra "durante un período representativo", cifras que no se dan en este caso.

No obstante, fuentes de las organizaciones agrarias han advertido de que esos precios de referencia llevan más de una década sin actualizarse y que el almacenamiento privado se puede activar "cuando el sector registre pérdidas económicas graves".

Los productores defienden que los costes de producción rondan los 2,80 euros en el caso del virgen extra, por lo que ya han entrado en pérdidas.

El tema ha centrado la reunión de hoy del Consejo Andaluz del Olivar, y la consejera del ramo, Carmen Crespo, ha coincidido en la necesidad de revisar los umbrales de referencia para poder activar el almacenamiento privado, además de avanzar que ya se dialoga con las autoridades de Competencia para analizar lo ocurrido.

Esta misma semana, tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía calificaron de "incomprensible" la situación del mercado del aceite de oliva y se comprometieron a seguirlo de cerca.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconoció que se detecta en el mercado "un comportamiento extraño" y avanzó que se adaptarán "las medidas necesarias y oportunas" para atajar el problema.