Alcoa ha alertado de que la viabilidad de su planta de aluminio en el complejo de San Ciprián, en Lugo, está en riego y su futuro peligra si el Gobierno no adopta más medidas que las incluidas en el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, publicado el lunes.

La planta lucense es la única fábrica de aluminio primario que Alcoa mantiene abierta en España, tras el cierre de las de Avilés (Asturias) y La Coruña, en las que sólo permanecen activas las funciones y cuya venta, que se negocia desde hace meses, también se pondría en riesgo si las medidas para ayudar a los grandes consumidores de electricidad se limita a las del borrador.

"El borrador de Estatuto no aporta la solución que la industria del aluminio primario en España necesita para su sostenibilidad", han asegurado fuentes de Alcoa, que consideran que las medidas que se proponen "son insuficientes", ya que mantendrían un significativo diferencial en coste de energía respecto a los países competidores.

Además, "son inciertas", ya que no ofrece garantías sobre la aplicación efectiva de la medida más relevante en el borrador: la compensación de costes indirectos de CO2.

"En nuestra opinión, si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador de estatuto, éstas ponen en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián, única instalación que mantiene la producción de aluminio primario en España en la actualidad", han aseverado las fuentes.

Según datos de la compañía, el coste de la energía eléctrica supone en torno al 40 % del total del coste de producción de la industria del aluminio primario en España y por ello necesita un marco energético que garantice costes competitivos y certidumbre, en línea con los países de nuestro entorno.

"La existencia o no de las condiciones que permitan esa competitividad en costes y suficiente certidumbre en energía, lógicamente puede condicionar la viabilidad de la industria y el interés de posibles compradores de las fábricas", según Alcoa.

Por ello, insisten, si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador, no sólo se dificultará la venta de las operaciones de aluminio primario en Avilés y Coruña, sino que pondrán en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio lucense.

El complejo de San Ciprián, en el que trabajan unas 1.700 personas, está integrado por una planta de aluminia y otra de aluminio, que es la electrointensiva y que el año pasado arrojó pérdidas de 48 millones de euros.

Según datos aportados por los sindicatos, actualmente, dicha planta pierde unos 9 millones de euros al mes.