Madrid, 26 mar (EFECOM).- El Gobierno está ultimando un plan trienal para parados de larga duración, con medidas de mejora de la formación y orientación laboral, entre otras, con las que quiere reducir más de dos puntos la tasa de paro de este colectivo, hasta cerrar 2021 en el 3,6 %.

El borrador del Plan Reincorpora-T, al que ha tenido acceso Efe y que el Gobierno planea aprobar en los próximos días, contempla un impacto presupuestario de 2.500 millones de euros para 2019, 2020 y 2021, si bien la mitad del gasto corresponde a medidas que ya han sido aprobadas vía decreto ley.

Este es el caso de la ampliación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (que tiene una dotación económica de 1.196 millones hasta 2021) o la bonificación a la contratación de parados de larga duración (con otros 277 millones entre 2019 y 2021), ambas aprobadas el pasado 8 de marzo en el decreto ley de medidas urgentes en materia de protección social.

Las medidas destinadas a mejorar la formación de los trabajadores estarán dotadas con 732 millones de euros (237 millones este año, 244 millones en 2020 y 251 millones en 2021).

Entre ellas, estará la mejora de la formación en competencias clave -como lenguas castellana y regionales, matemáticas y lenguas extranjeras-, con un gasto de 315 millones.

También se destinarán 210 millones a la formación en sectores de interés preferente (sostenibilidad ambiental, transición energética, cualificación agraria o forestal, ámbito de los cuidados y dependencia) y otros 138 millones a la adquisición de competencias digitales (informática, programación, desarrollo de aplicaciones o robótica).

Dentro del eje de actuación en orientación profesional, con una dotación de 282 millones de euros, destaca el refuerzo en la atención personalizada (156 millones) que incluye, entre otras medidas, la atención a parados de larga duración por parte de 3.000 orientadores, cuya contratación ya estaba prevista en el Plan de Choque para el Empleo Joven aprobado el pasado diciembre.

El objetivo del Gobierno es reducir el número de parados de larga duración en 450.000 personas, a razón de 150.000 anuales, para lo que atenderán a 600.000 desempleados al año a los que conseguir "al menos una ocupación, por cuenta propia o ajena".

También lograr para el colectivo un empleo decente, con especial atención en los que tienen más dificultades, con una atención adecuada e individualizada dotando a los servicios públicos de empleo de los medios y recursos necesarios.

El plan también busca reducir hasta eliminar la segregación y la brecha salarial de género, así como combatir el efecto desánimo.

Consultados por Efe los agentes sociales, fuentes de los sindicatos CCOO y UGT han denunciado que los objetivos que se marca el plan para luchar contra la precariedad de los parados de larga duración están fuera de las políticas activas de empleo y requieren cambios en la legislación laboral.

Además, la mayor parte de las medidas que comprende son meras recomendaciones para las comunidades autónomas, sin carácter obligatorio.