Madrid, 27 mar (EFECOM).- El Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles que el Tribunal Supremo tiene que elevar a la justicia europea el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía más vulnerables, tras estimar el recurso de amparo interpuesto por el Gobierno.

Aunque los detalles de la decisión se conocerán en los próximos días, el alto tribunal entiende que las sentencias dictadas por el Supremo en octubre de 2016, que tumbaron este régimen al declararlo incompatible con la normativa comunitaria, lesiona el derecho a un proceso con todas las garantías.

Según explica el Constitucional en una nota informativa, la instancia anterior debería haber recabado un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de dictaminar en contra del bono social por una presunta incompatibilidad con el derecho europeo.

En octubre de 2016, la sala de lo Contencioso-Administrativo declaró inaplicable este régimen de financiación tras estimar los recursos interpuestos por EON España y Endesa.

En dos sentencias, que reconocían una indemnización a ambas compañías, los magistrados destacaban que en función de la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad "las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables".

Además, consideraban que el régimen quebrantaba el principio de proporcionalidad ya que "hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria".

Un mes después, el Gobierno planteó un incidente de nulidad contra ambos veredictos, que obligaban a devolver a las grandes eléctricas unos 500 millones de euros según fuentes oficiales, el cual fue rechazado por la sala.