El comité de empresa de la mayor planta de Alcoa en España, ubicada en la localidad de San Ciprián (Lugo), se sumará a las protestas de sus compañeros de las fábricas en proceso de cierre de A Coruña y Avilés (Asturias) ante los mensajes de la compañía sobre su viabilidad.

La multinacional norteamericana ha alertado al Gobierno de que si no adopta más medidas que las contempladas en el borrador inicial del estatuto del consumidor electrointensivo podrían correr riesgo 1.300 empleos directos y 600 de empresas auxiliares, más del doble que los de las otras dos centrales juntas.

Por ello, los trabajadores de San Ciprián han decidido incorporarse al calendario de movilizaciones previstas por el resto de miembros de Alcoa, con quienes comparten la reivindicación de que se modifique el borrador del estatuto para que se ajuste mejor a sus demandas.

Así, empleados de la plana lucense estarán mañana jueves en las concentraciones convocadas en el polígono coruñés de Sabón (Arteixo) y ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, donde representantes de A Coruña y Avilés esperan ser recibidos por diferentes cargos políticos.

Los sindicatos con representación en Alcoa reclaman una reforma del estatuto para ofrecer certidumbre sobre la rebaja de la tarifa eléctrica de la empresa, que representa un 40 % del coste total de producción; y compensaciones por la reducción de emisiones de gases contaminantes o que se reduzcan los peajes de acceso al suministro eléctrico.

Xosé Paleo, presidente del comité de empresa en San Ciprián, ha indicado que las reclamaciones son "básicamente las mismas" que las de la patronal, aunque -explica- añaden la exigencia de que se garantice el mantenimiento del empleo y un plan de inversiones para asegurar el futuro de la instalación.

Asimismo, coinciden con "buena parte" de lo alegado por la Xunta de Galicia al borrador presentado por el Gobierno central, aunque Paleo admite no haber tenido tiempo para analizar detalladamente las propuestas del Ejecutivo autonómico.

Empresa y sindicatos están de acuerdo en que hay que reducir el precio de la energía sobre la que se sustenta la producción de Alcoa, ya que con el actual están "con la cabeza debajo del agua" al tener que asumir un importe superior al fijado en países como Alemania o Francia, mucho más con respecto a Noruega.

La tibia recepción que ha tenido el estatuto del consumidor electrointensivo en el sector no ha contribuido a elevar las expectativas de cara al futuro, ya que la mayoría de empresas han coincidido en denunciar que el texto actual, tal y como está, genera más "incertidumbre" que esperanza.

Entre las medidas previstas en el mismo está la bonificación del 8 5% del impuesto especial de electricidad o los descuentos en los peajes de acceso al suministro.

El sector echa en falta mayores descuentos fiscales, cuya ausencia el Gobierno justifica en el escaso margen de acción derivado de la proximidad de las elecciones generales del 28 de abril.

Aun así, la ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha mostrado dispuesta este miércoles a estudiar, incluso asumir, algunas de las recomendaciones de la Xunta al estatuto, de modo que se pueda favorecer la continuidad de un sector de empresas que, en total, generan 150.000 empleos en España.

El próximo lunes tendrá lugar en el ministerio una reunión para analizar todas las alegaciones formuladas al borrador, a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emita su informe acerca de qué descuentos aplicar sobre los peajes de acceso.

Mientras, Alcoa ya ha dejado claro que la propuesta actual "no aporta la solución que la industria del aluminio primaria en España necesita para su sostenibilidad", y ha tachado de "insuficientes" las medidas planteadas, que no reducirán -advierte- el diferencial de precios existente respecto a otros países competidores.