Banco España sancionó a 9 bancos en 2018 por fallos en protección de clientes
Madrid, 2 abr (EFECOM).- El Banco de España sancionó a nueve bancos en 2018 por fallos en la transparencia y protección de los clientes, especialmente en materia de crédito hipotecario, y reforzó la labor supervisora en los créditos al consumo, según la Memoria de Supervisión Financiera publicada hoy.
En 2018 se ha consolidado la actividad de vigilancia continua, con seguimientos de diversa intensidad y recurrentes a las entidades, algunas de ellas "in situ" y otras a distancia, que suman un total de 134, de las que 93 no estaban planificadas de antemano.
Como resultado de este trabajo, ha incoado 6 expedientes en materia de crédito hipotecario, 14 escritos de requerimiento, 72 escritos de recomendaciones y observaciones y en 45 asuntos cerró las actuaciones sin ninguna medida.
El Banco de España reforzó el control sobre el crédito al consumo para minimizar los riesgos de una eventual comercialización incorrecta de este tipo de productos, sobre cuyo crecimiento viene alertando desde hace meses.
En ese ámbito, realizó 36 actuaciones a distancia y otras cuatro "in situ", de las que destacan las que analizan las tarjetas "revolving" (permiten aplazar el pago de las compras, normalmente con tipos de interés muy elevados) y la financiación para la compra de automóviles, entre otras.
En 2018 el supervisor realizó 32 actuaciones "in situ" en materia hipotecaria en relación con la transparencia de las entidades y otra más relacionada con el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.
Tras inspeccionar las carteras hipotecarias de las entidades, los inspectores constataron incumplimientos en la entrega y el contenido de la información precontractual, el cálculo de la TAE —que debe tener en cuenta todos los gastos de formalización y los costes vinculados—, el cobro de comisiones por amortización anticipada por encima de los límites legales o los redondeos en supuestos no permitidos por la norma.
Asimismo, el Banco de España probó incumplimientos en el ámbito de la protección de los deudores sin recursos, especialmente en el ámbito del Código de Buenas Prácticas.
Además, en 2018 incoó cuatro expedientes y resolvió otros dos por incumplimientos en el ámbito de la normativa sectorial, como gobierno corporativo, política de remuneraciones y control interno, así como otra normativa de funcionamiento de las entidades de pago, de los establecimientos de cambio de moneda y de las sociedades de garantía recíproca.
En este grupo se incluyen también las sanciones a establecimientos que realizaban actividades reservadas a entidades de crédito y de pago sin autorización.
