Barcelona, 2 abr (EFECOM).- El Govern ha aprobado la memoria preliminar del anteproyecto de ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas con el objetivo de regular las diferentes modalidades de este tipo de transporte, taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Según la Generalitat, la coexistencia de estas dos modalidades de servicio exige determinar con claridad las diferencias operativas de cada uno de estos servicios y las condiciones de prestación de estas actividades para que ninguna tenga una posición de ventaja competitiva respecto a otra.

A finales de enero, la Generalitat ya aprobó un decreto que obliga a precontratar el servicio de VTC con una antelación mínima de 15 minutos, y habilitó al Área Metropolitana de Barcelona (ABM) y a los entres locales a ampliar esa horquilla de tiempo.

Además, también anunció que se propone controlar la transmisión de licencias de taxis y vehículos de alquiler con conductor y crear un fondo económico, sustentado en algún tipo de tasa, para regular el mercado de licencias y afrontar la reforma del sector.

La memoria preliminar del anteproyecto de ley del transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas apunta una serie de medidas para la regularización y flexibilización del taxi, que deberían abordar aspectos como el régimen jurídico de las licencias, el taxi compartido, la flexibilización tarifaria o la actualización de los derechos de los usuarios.

En lo que se refiere a los VTC, la memoria explica que pueden responder a diferentes tipologías: la tradicional y la basada en la contratación mediante plataformas electrónicas.

Las medidas que se plantean para la regulación de los VTC abordan asuntos como los requisitos de formación de los conductores, la fijación de turnos y periodos de descanso, condiciones sobre contratación del servicio, precios o plataformas de contratación.

La nueva normativa ha de afrontar el futuro de estas actividades, con especial atención a aspectos como la implantación de las nuevas tecnologías, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad de estos modos de transporte, además de garantizar el derecho de los ciudadanos a contar con una oferta de movilidad adecuada a sus necesidades.