PP no prohibirá vehículos de combustión y busca pacto de Estado para energía
Madrid, 8 abr (EFECOM).- El PP rechaza en su programa electoral las prohibiciones a los vehículos de combustión y aboga por promover la aprobación de un Pacto de Estado para establecer un "mix" energético estable a 40 años que aporte certidumbre al sector y al consumidor.
Además, se ha mostrado partidario de eliminar los impuestos de generación eléctrica e impulsar políticas que reduzcan el precio de la luz para los hogares y las empresas, al tiempo que se elabora una política con "importantes" incentivos fiscales dirigida a las empresas altamente innovadoras basadas en tecnología de la Industria 4.0.
Entre las medidas que figuran en su programa electoral, el PP también ha avanzado que reforzará la protección del bono social para mejorar la protección de los consumidores más vulnerables y que utilizará los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos para modular la fiscalidad de la energía, rebajando "en cada momento" la factura energética de la industria.
Por otro lado, el PP entiende que, en el caso de los vehículos de combustión, debe ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores las que marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras, rechazando por ello las prohibiciones a este tipo de vehículos.
También impulsará una reducción de emisiones para cumplir los objetivos comprometidos por España para 2030 y se compromete a aprobar un Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 que fije las políticas y medidas a aplicar.
Además, se trabajará para dotar a España de las infraestructuras de conexión que permitan acceder en condiciones de igualdad a los mercados europeos, potenciará los mecanismos de ayuda a la industria y las inversiones en I+D+i y se ampliarán las ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga y los recursos destinados a la financiación de estos vehículos.
Otra de las medidas en materia energética pasa por reforzar las funciones de vigilancia de la competencia de los mercados energéticos correspondientes a los organismos independientes y la Administración General del Estado.
