El sindicato CCOO ha convocado para el próximo 17 de abril, coincidiendo con la Semana Santa, una huelga de 24 horas en Adif, Adif Alta Velocidad (AV), Puertos del Estado y Salvamento Marítimo (Sasemar) por el bloqueo de los respectivos convenios colectivos.

Una vez convocada, CCOO espera conocer la respuesta de las instancias oportunas, empresas y del Ministerio de Fomento para poder desbloquear la situación, ya que "los únicos responsables de la misma son quienes han engañado a los trabajadores haciendo firmar un compromiso que ahora no aplican".

Según CCOO, actualmente están paralizados los preacuerdos de convenio colectivo firmados en marzo de 2018 (Salvamento Marítimo), octubre de 2018 (Puertos del Estado) y diciembre de 2018 (Adif y Aidf Alta Velocidad) entre empresa y sindicatos.

Esta situación, denuncia el sindicato, supone una "transgresión de la buena fe de la negociación", al tiempo que genera incertidumbre entre los trabajadores.

En concreto, CCOO señala que el preacuerdo de convenio colectivo de Sasemar se suscribió el 23 de marzo de 2018, el 3 de octubre se firmó el correspondiente a Puertos y el II convenio colectivo de Adif y Adif AV se firmó el 27 de diciembre de 2018.

En este contexto, advierte de que su ratificación y conversión en convenio colectivo para su aplicación depende del visto bueno de la Administración, algo que hasta ahora no se ha producido debido a su paralización en el Ministerio de Hacienda.

CCOO considera que esta situación implica la pérdida de derechos y el "secuestro" de la negociación colectiva, al tiempo que pone en cuestión la posición de los responsables de la empresa, que, cuando firmaron los convenios, lo hicieron con todas las autorizaciones ministeriales.

Por todo ello, y tras las promesas de Adif para evitar una situación de conflictividad, CCOO entiende que una huelga solo se evitaría si el ministerio trasladara a la empresa y a los sindicatos la confirmación de que el convenio colectivo se desbloquea y se comienza a aplicar.

Asimismo, el sindicato demanda a los responsables que expliquen los motivos de este "atropello", ya que consideran inaceptable que cualquier organismo de la Administración pretenda "arrebatar" a los trabajadores lo que "con la presión, la movilización y la negociación se ha acordado con las empresas".