Madrid, 9 abr (EFECOM).- El inspector del Banco de España José Antonio Casaus, autor de los correos electrónicos críticos con la viabilidad del grupo BFA, declara este martes ante la Audiencia Nacional como testigo en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, una de las comparecencias más esperadas.

La publicación de las alertas sobre la situación del grupo financiero dirigidas por Casaus a sus superiores entre 2011 y 2012 dio un vuelco a la instrucción del caso, y trajo consigo la imputación de las antiguas cúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), más tarde apartadas del procesamiento por el juez Fernando Andreu.

En una de sus comunicaciones, de diciembre de 2011, el inspector aseguraba que "la previsión de margen financiero que han hecho para 2012 para Bankia es de sólo 2.700 millones de euros. La sensación que tenemos es que con esos 2.700 salía una cuenta de mierda (perdón por lo de cuenta)".

Previamente, tres meses antes del debut bursátil, Casaus expresó sus temores sobre el riesgo de insolvencia de la entidad: "Cuidado no vayamos a quedarnos por debajo del 8 % de capital principal pese a captar 3.000 millones de euros en Bolsa".

Según manifestó tanto en fase de investigación como durante el juicio el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nunca conoció tales reparos porque no era su cometido y, además, estaban "equivocados".

"Es como si me dicen que usted se va a morir a la salida por una teja, y luego sale y le atropella un coche. ¿Muere? Sí, pero no por ese motivo", respondió Fernández Ordóñez a la Fiscalía Anticorrupción.

Sobre tales reticencias incidió la representante del Ministerio Público, Carmen Launa, durante la testifical del que fuera jefe de inspección del organismo en Bankia Pedro Bravo, quien admitió que "se estaba viendo" que el grupo podía "tener problemas de futuro" pues "no era tan bonito todo como nos decían".

"¿Llegó a la conclusión de que BFA era inviable a medio plazo?", preguntó la fiscal en alusión a los correos, cuestión que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, impidió formular por improcedente al considerar que quien debía contestar a ella era el propio Casaus.