Los peritos del Banco de España asignados al juez que investiga la quiebra del Banco Popular reducen en parte la responsabilidad a los antiguos administradores de la entidad sobre algunos de los problemas que tuvieron que afrontar, al atribuirlos a factores "no controlables por los gestores".

El documento de más de 400 páginas, al que ha tenido acceso Efe y que ya obra en poder del titular del juzgado central de instrucción n 4, José Luis Calama, concluye que la entidad "no era inviable" al cierre de 2016, y destaca que tanto el equipo del expresidente Ángel Ron como el de su sucesor, Emilio Saracho, llevaron a cabo medidas necesarias.

Los peritos Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández señalan una serie de objetivos que debía cumplir el banco, de capitalización, cobertura de activos y rentabilidad.

En diciembre de 2016, el banco tuvo mayores pérdidas de las anunciadas y su situación, tanto de cobertura de activos como de capitalización y rentabilidad, era peor que la prevista en la ampliación de capital realizada en mayo de ese año.

Pero "parte de esa desviación se debe a factores no controlables por los gestores de la entidad", señalan los expertos, como el retraso en la venta de Totalbank o el retraso y posterior abandono del proyecto "Sunrise".

Para los peritos del Banco de España, la causa de la resolución de la entidad fueron tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, "siendo el que se origina el 31 de mayo de 2017 de especial gravedad"; el banco fue resuelto por el FROB a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) el 7 de junio.

Aunque las cuentas anuales que se reflejaban en el folleto de la ampliación de capital "no respetaban determinados aspectos de la normativa contable", en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso, los gestores no dejaron de llevar a cabo procesos de refinanciaciones, que resultaron insuficientes.

Lo que sí achacan los expertos a la dirección del banco es "la falta de comunicación de una estrategia clara para cumplir con el aumento de requerimientos de capital en 2018", lo que "acentuó" la inestabilidad de la valoración del Banco.

Asimismo, apunta a la reexpresión de las cuentas de 2016, con mayores pérdidas de las anunciadas y mostrando una todavía baja cobertura de sus activos adjudicados, que arrojaba dudas sobre la adecuada valoración de los activos del Banco.

Los peritos achacan a Emilio Saracho, que ocupó la presidencia del banco durante 108 días, entre el 20 de febrero y el 7 de junio de 2017, de haber efectuado "declaraciones relativamente imprecisas" que no contribuyeron a normalizar la situación del banco ante los mercados, en referencia a su afirmación, el 10 de abril de ese año, de que podría ser necesaria una nueva ampliación de capital o incluso vender el banco.

Hubo también otras dos noticias que, "por la gravedad de su mensaje y por coincidir en el tiempo con impactos relevantes de la cotización en Bolsa y retiradas de depósitos significativas", indican los expertos, contribuyeron a desestabilizar el banco.

Una de ellas, que la entidad se había puesto "urgentemente" en venta", y la otra que estaba sufriendo una fuga de depósitos, a lo que hubo que sumar las declaraciones de "un funcionario europeo", que aseguró que las autoridades comunitarias se estaban preparando dado que "un proceso de fusión podría no concluir satisfactoriamente".