La defensa del expresidente del Popular Ángel Ron considera que el informe de los peritos cedidos a la causa por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad demuestra cómo Europa "condenó a un banco solvente a la muerte" al abocarlo a la resolución, ejecutada el 7 de junio de 2017.

El documento, que ya obra en manos del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, deja claro según los letrados que el objetivo del sucesor de Ron, Emilio Saracho, fue vender el Popular, que el 18 de mayo, apenas semanas antes de ser resuelto, "ya estaba en venta".

Así lo deducen de la carta en la que el Banco Central Europeo (BCE) señaló ese día que la liquidez, de continuar deteriorándose, podría impedir "la venta que estaba en curso en ese momento y en la que alguna entidad había mostrado interés".

Igualmente, indicaba que, de continuar con el deterioro, el BCE tendría que declarar al Popular en situación de quiebra o próxima a la quiebra, lo que obligaría a la Junta Única de Resolución (JUR) a decidir entre la liquidación o la resolución, opción esta última por la que se acabó optando.

En esta "condena" al parecer había desempeñado un papel fundamental la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) Danièle Nouy, contraria a conceder al banco el mismo trato que a entidades como la italiana Monte dei Paschi, que recibió 5.400 millones de dinero público.

Fuentes de la defensa de Ron apuntan a Efe algunas de las conclusiones de los peritos judiciales aportados al caso por el Banco de España, que responsabilizan a la salida de depósitos y a la consiguiente falta de liquidez como principal motivo de la resolución.

De esta circunstancia, inciden los abogados, "era consciente" el Consejo de Saracho, que, pese a conocer la "sangría" de depósitos, que sólo el 23 de mayo dejó una salida de 1.127 millones de euros, "no la frenaron".

Aluden, de igual modo, a la opinión de los inspectores sobre el proceso de sucesión en el Popular, cuyo peritaje entiende que respondió "a la división del Consejo de Administración en la ampliación de capital y que aumentó con la no consecución de los resultados previstos, que implicaban perder la confianza de analistas y agencias de rating".

Para la representación legal de Ron, existió una "conspiración" en el banco para relevarlo de la presidencia, y, citando a los expertos judiciales, resalta que el nuevo equipo directivo revisó las decisiones de sus predecesores dando unas pérdidas más elevadas que las previstas "e incumpliendo el resto de los objetivos fijados en la ampliación, pudiendo contribuir a su desestabilización".

El informe conocido el miércoles abre inicia una nueva etapa en la investigación sobre el Popular que actualmente instruye el juez Calama.

Las pesquisas se remontan a octubre de 2017, cuatro meses después de la resolución y posterior venta de la entidad al Santander, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra Ron, Saracho, sus Consejos, la firma PwC y su socio auditor, por presunta falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado.