San Fernando de Henares (Madrid), 22 abr (EFECOM).- El exdirector de Inspección del Banco de España Pedro González ha avalado este lunes la contabilidad que siguieron las cajas de BFA-Bankia en 2010, y ha asegurado que las pérdidas que habrían arrojado de haber cargado los ajustes de la integración contra resultados y no contra reservas supondrían un "problema reputacional" pero no su descapitalización.
González, que este lunes ha comparecido en calidad de testigo en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad, ha explicado ante la Audiencia Nacional que el hipotético hecho de que "hubiera pérdidas no era relevante" pues "el efecto patrimonial era nulo", motivo por el que el equipo de inspectores no le dio "la mayor importancia".
"Nosotros somos prospectivos y lo que importa es que el ajuste esté reconocido. Y estaba", ha indicado a preguntas de la fiscal Carmen Launa, que pide penas de entre cinco años y dos años y siete meses de cárcel para los antiguos administradores de Bankia (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por supuesta estafa a inversores del debut bursátil.
Según ha relatado González a la sección cuarta de la sala de lo Penal, este posible problema "sería reputacional, pero tampoco afectaría a la salida a Bolsa", en cuyo folleto el grupo financiero explicó "bastante bien" los detalles de la contabilidad, tanto de la individual de las siete cajas como de la consolidada tras la fusión.
Asimismo, ha admitido que participó "colateralmente" en la toma de esta decisión después de que el departamento de regulación del Banco de España presentara la propuesta del cargo a reservas ante la Comisión Ejecutiva del organismo.
"Nos pregunta qué opinamos y hacemos una comunicación interna. Decimos que teniendo en cuenta lo que conocemos, es aconsejable autorizar el cargo a reservas. A partir de ahí es tema de regulación", ha añadido el inspector.
En su opinión, la única posible controversia giraría en torno al bonus de 114 millones de euros respecto al ejercicio 2010, de los cuales 89 millones se destinaron al "personal de oficinas y sucursales, personal de a pie", y el resto a directivos.