Madrid, 26 abr (EFECOM).- El Gobierno cree que no aprobar durante esta legislatura el estatuto para los consumidores electrointensivos "no tiene por qué afectar" al proceso de venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, e insiste en que su compromiso para resolver los problemas industriales es "claro y notorio".

Según ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pese a la no aprobación este viernes del estatuto para los grandes consumidores de energía eléctrica prosigue la mesa de seguimiento de Alcoa.

Asimismo, ha indicado que el Consejo de Ministros no ha aprobado el estatuto a raíz de los comentarios vertidos este jueves por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

"Siguen trabajando, pero no ha dado tiempo. Hay muchas cosas que no han dado tiempo", ha insistido Celaá.

Por su parte, la titular de Economía, Nadia Calviño, ha apuntado que según la CNMC algunas acciones pueden estar sujetas al control de ayudas públicas por parte de la Comisión Europea (CE), lo que ha impedido al Gobierno dar el "paso final" en este proceso.

Sin embargo, ha subrayado que el compromiso del Ejecutivo para resolver los problemas industriales es "claro y notorio".

Calviño ha apuntado, además, a las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para apoyar a la industria durante estos meses, como las ayudas para compensar los costes por los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).

La ministra de Economía ha apuntado además a que en un tiempo récord se lanzó la consulta pública para el citado estatuto que, ha agregado, había estado abandonado durante muchos años.

El Ejecutivo, a través de sendos comunicados de las delegaciones del Gobierno en Asturias y Galicia, avanzó este jueves que no iba a aprobar en este Consejo de Ministros el proyecto de estatuto para los grandes consumidores de energía eléctrica por las alegaciones planteadas por la CNMC, cuyas consideraciones aconsejan revisar el contenido del borrador a fin de garantizar la máxima seguridad jurídica.