Hablaron -sin demasiado detalle, eso sí- de natalidad, de precariedad laboral, de empleo de calidad, de ligarlas al IPC… Fue durante los dos debates electorales celebrados esta semana. Y los cuatro participantes, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos) mencionaron esas cuestiones cuando trataban de ofrecer propuestas a la creciente presión que soportan las pensiones públicas, expresada en un déficit de la Seguridad Social que en los últimos años ha alcanzado los 18.000 millones de euros y que, sin reformas, seguirá engordando en los próximos ejercicios.
En lo que no entraron los candidatos en su carrera hacia el 28-A fue en los detalles fundamentales que permitirían desgranar de verdad los problemas acechan a las pensiones. Hay demasiado riesgo en este asunto, con 8,8 millones de pensionistas voto en mano, como para ‘jugársela’ a unos días de las Elecciones Generales y en un ‘cuadrilatero’ poco dado a las intervenciones serenas y la exposición de detalles.
Entre las omisiones, una estruendosa: la longevidad. Es decir, la mayor esperanza de vida de las personas, un logro magnífico que resalta los progresos médicos, científicos y sociales del ser humano, pero que representa un reto adicional para las pensiones. Y por un motivo sencillo: hay que pagarlas durante más años. O dicho de otro modo, contribuye a engordar los gastos del sistema.
"En marzo de 2005 había 716.142 pensionistas de 85 años o mas, cifra que en 2009 pasó a 887.488. Ahora alcanza ya los 1.343.748 pensionistas. Ya suponen el 15,2% del total"
La evolución de los últimos años constata que la longevidad debería merecer una atención creciente, porque constituye una de las dinámicas concretas que se encuadran en las genéricas referencias a la presión demográfica. Las estadísticas de la Seguridad Social son incontestables. Tomando los datos totales, el número de pensionistas ha aumentado un 21% desde 2005 y un 14% desde 2009, para alcanzar ahora los 8,816 millones de pensionistas. Centrando el foco en los pensionistas de 85 años y más, en marzo de 2005 había 716.142, cifra que en 2009 pasó a 887.488. Ahora alcanza ya los 1.343.748 pensionistas.
O lo que es lo mismo, un 87% más que en 2005 y un 51% más que en 2009. Es decir, muy por encima de la media y de los datos de cualquier otra franja de edad. Como consecuencia, los pensionistas de 85 años y más, que en 2005 apenas representaban el 9,8% del total, suponen actualmente el 15,2%.
Estos datos muestran una inercia muy clara: como por fortuna cada vez se viven más años, el porcentaje de pensionistas de 85 años o más también crece, con lo que cada vez se pagan pensionistas más largas. El desafío radica en tomar estos datos, interpretarlos e introducirlos en la ecuación de los retos presentes y futuros de las pensiones y las reformas que pueden reforzar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema. El problema es que estos datos suelen tomarse para acusar de ‘que parece que se está culpando a la gente por vivir más y querer cobrar la pensión hasta el final’. Esta visión manifiesta la miopía con la que se enfoca el asunto de las pensiones.
“UN ÁLGEBRA VITAL IMPOSIBLE”
Como subraya José Antonio Herce, economista y director asociado de AFI, en su libro ‘A vueltas con las pensiones', “la palabra clave, el ‘ábrete sésamo’, es: lon-ge-vi-dad”. Desarrolla su argumento para denunciar el ‘poco caso’ que recibe este concepto: “El problema de las pensiones trae causa justamente de la incapacidad social e institucional para adaptarse a la creciente longevidad. Cada vez más años en jubilación y menos en vida laboral y productiva solo se pueden financiar, y es un decir, mediante un esquema Ponzi (piramidal) que es, en el fondo, lo que le estamos pidiendo a la Seguridad Social que haga”. Y remata: “El cociente de años en jubilación y años laborales es cada vez peor, en este contexto, deteminando un álgebra vital imposible”.
"La reforma de 2011 buscaba un retraso progresivo en la edad de jubilación. La realidad es que en 2013 la edad efectiva se situaba en los 64,3 años y en 2018 fue de 62,7 años"
En efecto, la longevidad pasa a convertirse en un reto para las pensiones porque se mezcla con una incorporación más tardía al mundo laboral, y por tanto una vida laboral más breve, y una edad de jubilación que sigue anclada en los 65 años… aunque la edad efectiva se sitúa incluso antes, en los 62,7 años en 2018. Es decir, se acortan los periodos de aportaciones y se alargan los de prestaciones, con una esperanza de vida en la edad de jubilación que supera ya los 20 años.
Consciente de este envenenado cóctel, a comienzos de 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció que es partidario de adoptar medidas para retrasar un año la edad efectiva de jubilación. Coincidía así con una de las recomendaciones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había lanzado unos días antes, puesto que también reclamado retrasar la edad de real de jubilación.
Estos propósitos buscan acercar la vida real a lo pretendido, puesto que la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 ya puso en marcha un progresivo retraso en la edad de jubilación para que, a partir de 2013, la frontera de los 65 años se fuera moviendo hasta los 67 años en 2027. Fruto de esta medida, en 2019 la edad legal de jubilación en 2019 se sitúa en los 65 años y 8 meses. La realidad, sin embargo, es que en 2013 la edad real de jubilación se situó en los 64,3 años, con lo que el impacto buscado con esa palanca no se está logrando.
Otra propuesta que sí tiene en cuenta la longevidad es el denominado Factor de Sostenibilidad, que vinculará la pensión a la esperanza de vida. Su aplicación estaba prevista para 2019. Pero el año pasado el Gobierno de Mariano Rajoy acordó con el PNV, dentro de las negociaciones para que los nacionalistas vascos respaldaran los Presupuestos del Ejecutivo Popular, retrasar su implantación hasta 2023. El Factor de Sostenibilidad, precisamente, sí se ha colado en los debates de esta semana. Se ha referido a él el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para exigir su retirada. “Factor de empobrecimiento”, lo ha calificado, al tiempo que, a su juicio, supone "decir a la gente que se muera pronto porque si se muere tarde el sistema no es sostenible".