Los incentivos lo son todo en economía. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) bien que lo sabe, de ahí que exija al Pacto de Toledo y al Gobierno que reformen “pronto” las pensiones antes de que el pesimismo que envuelve ahora su futuro desencadene consecuencias desagradables.
De manera técnica, desde el organismo que preside José Luis Escrivá definen esos efectos como "decisiones subóptimas". Vamos, que no son las mejores. Pero no se quedan ahí; las traducen a situaciones concretas. "Si no se acometen pronto medidas que refuercen el sistema y si se asienta entre los ciudadanos la idea de que en el futuro no habrá dinero para pagar las pensiones, los peligros crecerán", avisan. En especial, mencionan dos riesgos. El primero, que "por prudencia se ahorre demasiado, más de lo que de verdad será necesario, para la jubilación". Y el segundo, que "si se piensa que no se va a cobrar pensión, los ciudadanos dejen de cotizar o coticen menos de lo que les corresponde". Es decir, un escenario que incentivaría la economía sumergida. “Por eso es el momento de concretar cómo se van a afrontar los problemas”, insisten, puesto que en caso de persistir el pesimismo y la incertidumbre en torno a las pensiones los distintos agentes económicos tomarán sus decisiones basándose en los incentivos enviados por ese pesimismo y esa incertidumbre.
EN DOS TIEMPOS
Para hacerlo, AIReF propone adoptar medidas en dos tiempos: a corto plazo y a largo plazo. Para lo más próximo, considera necesario aligerar los gastos que soporta la Seguridad Social con la intención de reducir un déficit estructural que estima entre el 1,3% y el 1,5% y que “si no se hace nada, ha venido para quedarse”, advierten.
El punto de partida de la propuesta a corto plazo es el siguiente: los ingresos de la Seguridad Social son los que son y dependen del empleo y el crecimiento económico. Asumiendo esta premisa, y que el sistema no tiene más recursos, considera que hay que atacar los gastos. Para ello, su solución pasa por derivar al Estado los gastos que no son contributivos. Es decir, los destinados a financiar el Servicio Público de Empleo (SEPE) y los gastos administrativos de la Seguridad Social.
Tomando los datos actuales, con un déficit de la Seguridad Social que alcanza los 17.400 millones de euros, esa maniobra reduciría el agujero, según los cálculos de AIReF, en 16.000 millones.
Para sustentar este cambio, precisa que es necesario recalibrar las cotizaciones sociales. Actualmente, en España alcanzan el 35,3%, un peso que se reparte así: el 28,3% proviene de las cotizaciones por contingencia y el 7% restante por cotizaciones de desempleo. Lo que propone la Autoridad Fiscal es rebajar en 3,5 puntos las segundas e incrementar las cotizaciones por contingencia en la misma proporción.
"En tiempos de holgura, hubo gastos que se cargaron a la Seguridad Social, pero ya no puede soportarlos"
Es decir, el 35,3% seguiría vigente, pero repartido de otro modo, de tal manera que las cotizaciones por contingencia serían el pilar central de los ingresos precisos para pagar las pensiones. AIReF considera que las actuales cotizaciones por desempleo “son excesivas”, superiores a las existentes en otros países europeos y a las que necesita el SEPE. Según sus cálculos, con unas cotizaciones por desempleo del 3,5 puntos porcentuales -la mitad que ahora- sería suficiente.
De ese modo, la Seguridad Social pasaría a centrarse en las pensiones, y no en las prestaciones por desempleo, que pasarían a estar soportadas por la Administración Central, que también asumiría otros gastos del propio funcionamiento de la Seguridad Social que ahora se pagan con cotizaciones cuando no tienen nada que ver con ellas. La reflexión de AIReF es clara: “Estas decisiones de gasto son discrecionales. En tiempos de holgura se cargaron a la Seguridad Social, pero ahora ya no puede soportarlos porque no tiene palancas en los ingresos para hacerlo. Por el contrario, el Estado sí las tiene”. O dicho de otro modo, los 16.000 millones que se derivarían al Estado engordarían su déficit, pero el Estado “sí tiene palancas para cubrirlo”.
INSISTIR EN LAS MEDIDAS DE 2011
Tras ese ejercicio cuyo impacto sería inmediato, AIReF pone las luces largas. Y pide “profundizar en las medidas adoptadas en la reforma de 2011”. En concreto, en dos: retrasar la edad real de jubilación, situada ahora en los 62,4 años, y alargar los años de la carrera laboral que se tienen en cuenta para el cómputo de la pensión, y menciona para ello que en países similares a España "está generalizada la utilización de la carrera laboral completa". Junto a ellas, la necesidad de que finalmente entre en vigor el factor de sostenibilidad, es decir, la medida que ligarás las pensiones con la esperanza de vida y que debía haber entrado en vigor en 2019 y cuya activación fue retrasada finalmente hasta 2023.
"Con sus propuestas, la AIReF calcula que el gasto en pensiones equivaldrán al 13,4% del PIB en 2048; sin ellas, se disparará al 16,9%. Ahora está en el 10,6%"
Según las simulaciones de la Autoridad Fiscal, estas medidas permitirían reducir el potente impacto que la demografía, con el envejecimiento de la población como principal exponente, tendrá en el gasto en pensiones. Con esas medidas, en 2048 este gasto equivaldrá al 13,4% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 10,6% de 2018. Sin ellas, se disparará hasta el 16,9%.
Es decir, esas medidas resultan precisas para hacer asumible el incremento del gasto. Porque una cosa está clara: algo hay que hacer tras haber decidido prescindir del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), el mecanismo que limitaba la subida anual de las pensiones al 0,25%. Esta medida suponía un freno considerable para el aumento del gasto, pero a un precio muy alto en el poder adquisitivo de los pensionistas, de ahí la presión social de los últimos meses. Tanto, que al final el Gobierno de Mariano Rajoy, primero, y el de Pedro Sánchez, después, han optado por eliminarlo y volver a vincular las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque la opción de que esta vinculación se consolide aún debe ser concretada por el Pacto de Toledo y el Gobierno.
Ahora bien, desde AIReF subrayan que resulta preciso un ejercicio de realismo. Es decir, que no se puede desterrar el IRP y volver a ligar las pensiones al IPC -o a otras variables económicas- a cambio de nada, de ahí que soliciten la adopción de medidas. La Autoridad Fiscal precisa que las medidas que propone, además de contener el gasto hasta ese 13,4% del PIB en 2048, conducirían a una tasa de cobertura (pensión media sobre el salario medio) del 53-55% en 2048, inferior al 57% de 2017, pero superior al 45% al que se hubiera llegado con la vigencia del IRP.