Bruselas, 30 abr (EFECOM).- El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de los tribunales para resolver disputas entre inversores y Estados del acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA) confirma que este sistema podrá utilizarse en futuros pactos, dijo este martes la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario se congratuló del dictamen emitido este martes por el tribunal, que confirmó que el sistema para resolver litigios previsto en el CETA respeta las competencias del TJUE, no mina la efectividad del Derecho de la Unión y garantiza el acceso a estos tribunales y su independencia.

Esto significa que el texto del CETA no tiene que ser modificado y que tampoco se requieren cambios en los sistemas de tribunales de inversiones incluidos, siguiendo la línea del pacto con Canadá, en los acuerdos de libre comercio firmados después con México, Singapur y Vietnam, explicó la Comisión.

"La Comisión seguirá negociando el Sistema de Tribunales de Inversión en acuerdos bilaterales con otros socios", dijeron en un comunicado el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, tras conocer la decisión judicial.

Los sistemas de resolución de litigios entre inversores y Estados, incluidos con frecuencia en los acuerdos comerciales para dirimir las demandas de empresas contra Gobiernos en estos pactos son desde hace años objeto de críticas de diferentes colectivos.

Estos consideran que favorecen a las multinacionales y perjudican la capacidad de los Estados de regular en favor del interés público.

Este fue el caso durante la negociación del CETA y del fallido TTIP con Estados Unidos.

En el CETA se sustituyó finalmente el tradicional sistema de resolución de litigios entre inversores y Estados (ISDS, en inglés) por un Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), que prevé que este tribunal esté constituido por miembros de la UE, Canadá y terceros países, que haya una instancia de apelación y mejoras en la transparencia para dar más garantías al proceso.

El acuerdo, firmado el 30 de octubre 2016, entró en vigor de forma provisional el 21 de septiembre de 2017 a excepción de la parte relativa a las inversiones a espera de que el TJUE se pronunciase.

Bélgica solicitó su opinión a raíz de la oposición de la región de Valonia, que amenazó durante semanas con bloquear la aprobación del acuerdo ya en su recta final por dudas, entre otras cosas, sobre estos tribunales.

El aval del TJUE "allana el camino" para que todos los países puedan ahora terminar la ratificación del texto y este pase a aplicarse en su totalidad, dijo la CE, quien defendió que el nuevo sistema es más eficaz, justo y transparente.

Sin embargo, varias organizaciones y el expresidente de la región de Valonia que lideró el bloqueo en 2016, el socialista Paul Magnette, han criticado la decisión del tribunal.

"Hubiera preferido que el tribunal invalidase el mecanismo (...) Si otro tratado que incluya las mismas disposiciones llega al Parlamento valón, este podría aún bloquearlo", dijo según la agencia Belga Magnette, que encabeza la lista de los socialistas belgas para las elecciones europeas del 26 de mayo.

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