La querella criminal que más de 2.000 taxistas de toda España presentarán la próxima semana en la Audiencia Nacional contra el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se dirigen contra el fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, y otra treintena de directivos y empresas.
El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, y el exjuez y abogado Elpidio José Silva han presentado este jueves dicha querella, que presentarán de forma individual más de 2.000 profesionales del taxi coordinados por la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT).
Los taxistas acusan a De Antonio y los demás querellados de un total de ocho delitos, que van desde la estafa masiva a delitos contra la Hacienda Pública, la vulneración de derechos de los trabajadores, administración desleal, blanqueo de capitales y alteración de precios bajo engaño.
Tito Álvarez ha detallado que las querellas van dirigidas contra quince empresarios y directivos y otras trece empresas VTC, entre ellas las plataformas Uber y Cabify.
Además del fundador de Cabify, entre los querellados figuran el presidente de la patronal Unauto VTC en Cataluña, José María Goñi; el consejero delegado de Moove Cars, Rafael García Tapia, o Juan y Ramón Ortigüela, fundadores de Ares Capital.
Por su parte, las otras once empresas de VTC contra las que va dirigida la demanda son Cibeles Confort Cars, Gesstaxi Gestion, Ares Capital, Siargao Directorship, Vector Ronda Teleport, Moove Cars, Maxi Movility Transporte de Viajeros, Prestige and Limousine, Aerocity, Tibus Bussines Cars y Garment Investments.
Tito Álvarez ha señalado que no descartan querellarse también contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoridad Catalana de la Competencia, a los que ha acusado de "ayudar de forma descarada a crear oligopolios" y limitarse a poner "multillas para quedar bien" de cara al sector del taxi.
El objetivo de Élite Taxi es interponer querellas similares en otros países de Europa: "Queremos acabar con este capitalismo de plataforma que lo que hace es llevarse el dinero de todos y esclavizar a los trabajadores", ha criticado Álvarez.
El abogado y exjuez Elpidio José Silva, que representa a los 2.000 taxistas querellantes, ha afirmado que Uber y Cabify forman parte de una "trama criminal" y que se presentan como empresas mediadoras, algo que "no tiene fundamento", ya que se deben identificar como empresas de transporte.
En base a lo que considera "un relato engañoso", el exjuez ha explicado que estas empresas funcionan con una "dinámica de estafa" en la que cobran tarifas de mediación desconocidas para los usuarios de VTC, "que pueden ser hasta cuatro o cinco veces más altas de lo normal".
El abogado también acusa a estas compañías de llevar a cabo otras prácticas como la contratación de falsos autónomos e incluso el impago del IVA.
Ha criticado, asimismo, que comunidades autónomas como Madrid o Andalucía no están aplicando la normativa aprobada por el Gobierno central para regular el sector de VTC.