La frase “los alquileres están por las nubes” es una consigna repetida desde hace tiempo en varias ciudades españolas. Las grandes capitales y los lugares más turísticos se han visto afectados por importantes incrementos de las rentas. En seis localidades españolas ya se ha superado el 30% del precio que marcaba hace cuatro años, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista. 

Las subidas más importantes se han dado en Palma, donde los alquileres han llegado a encarecerse un 46,2%. Le siguen Málaga (42,1%), Valencia (37,9%), Castellón (37,3%), Madrid (36,7%) y Barcelona (34,2%). Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, los partidos no se han desentendido de este problema y sus programas electorales presentan, en mayor o menor grado, diferentes propuestas para solucionarlo. 

Si bien es verdad que cada localidad exige de medidas concretas, los partidos nacionales han presentado un programa marco en el que recogen en líneas generales las medidas que pretenden aplicar en los municipios donde se presentan. El Partido Socialista contempla ayudas de emergencia para el pago del alquiler, la creación del servicio de Bolsa de Vivienda en Alquiler para jóvenes y la constitución de un parque público en alquiler nutrido de viviendas ya construidas adquiridas en procesos de compra pública. 

Por su parte, el programa marco para las elecciones municipales del Partido Popular está orientado a los arrendadores. Ofrecen seguros que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino y proponen incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual. Su programa incluye medidas como el impulso de la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler e incluir ayudas adicionales a la rehabilitación para los propietarios que ofrezcan su vivienda al mercado de alquiler.

Ciudadanos ha presentado un programa específico para cada localidad en la que se presenta. Sin embargo, medidas como la regulación del alquiler vacacional (que no su prohibición), la construcción de un parque público de vivienda en alquiler (de colaboración público-privada) y ofrecer incentivos fiscales para impulsar los alquileres a largo plazo, son medidas que proponen para la mayoría de los municipios donde el precio de las rentas es un problema. 

Las propuestas más repetidas de Unidas Podemos en los diferentes programas van desde incrementar el parque municipal de vivienda pública para ofrecer alquileres sociales hasta establecer ayudas para el pago de la renta.  

El plan de Vox para las elecciones municipales consiste en fomentar medidas que aumenten la oferta para reducir el coste tanto en la adquisición de vivienda como también en los alquileres.

A pesar de estas medidas, cada municipio presenta unas peculiaridades que necesitan de medidas más concretas. A continuación figuran las propuestas que van más allá de los programas marco y aquellas por las que apuestan los partidos locales en cada uno de los municipios más afectados por el incremento del precio del alquiler. 

PALMA

La candidata del PSIB-PSOE promete destinar 2.000 pisos provenientes de grandes propietarios a alquiler social para jóvenes. Además, ha añadido que su partido pagará la fianza del alquiler de los menores de 30 años que tengan una renta inferior a 28.000 euros.

El candidato del PI (Proposta per les Illes) a la alcaldía de Palma en las elecciones municipales, Josep Melià, se ha comprometido a construir 200 viviendas en el solar de la antigua prisión de Palma y a negociar con el ministerio de Defensa para construir 1.1000 pisos de alquiler social en territorios de su propiedad, medida que comparten con Ciudadanos.

Por su parte, las propuestas de MÉS están orientadas a liberar el casco antiguo de la ciudad de alquileres turísticos. Así mismo, pretende establecer un precio máximo de referencia para incentivar la repoblación del centro con ayudas de alquiler para jóvenes.

El candidato de Unidas Podemos a la alcaldía de Palma en las elecciones municipales, Alberto Jarabo, ha prometido que una de cada tres viviendas nuevas se destinará a alquiler social y que se presionará para conseguir viviendas vacías de grandes propietarios para destinarlas a alquiler social. Otras medidas de la formación son intervenir en la oferta inmobiliaria mediante la construcción o la adquisición de viviendas para destinarlas a alquileres asequibles e incrementar el parque municipal de viviendas en colaboración con el IBAVI.

El PP propone ayudas a los jóvenes para el alquiler, impulsar un plan de rehabilitación de las viviendas públicas y construir viviendas sociales en colaboración público-privada, con precios reducidos y en régimen de alquiler social. 

MÁLAGA

El plan de Adelante Málaga incluye la construcción de un parque público de 2.000 viviendas sociales en alquiler, ayudas para el arrendamiento y la regulación del precio de la vivienda mediante un índice municipal de precios de alquiler.

Por su parte, Málaga Ahora aboga por la constitución del parque público de vivienda de alquiler social a partir de las casi 11.000 viviendas vacías que, según sus datos, hay en la capital. Rosa Galindo, su candidata, propone subirles un 50% el IBI a esos inmuebles, fijar un plazo máximo de desocupación o rescatarlas si pertenecen a la banca o a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El programa del PSOE para la ciudad plantea el diseño de un plan estratégico para la próxima década llamado Viviendas Málaga 20/30 que incluye la creación de un parque público de vivienda de alquiler. Otra medida relacionada con los alquileres es la regulación de los alquileres turísticos y la aprobación de incentivos fiscales para los dueños de pisos vacíos que los destinen a alquiler.

En el caso del PP, el compromiso de su candidato, Francisco de la Torre, pasa por impulsar unas 4.000 VPO en arrendamiento y venta, tanto públicas como privadas. 

VALENCIA

Compromís apuesta por las cesiones de suelo para la construcción de viviendas mediante el modelo de cooperativas y la construcción de 600 nuevos inmuebles para alquiler con precios asequibles. Además, plantea aplicar penalizaciones en el IBI a propietarios que dispongan de viviendas vacías sin estar alquiladas y, por otro lado, bonificar a aquellos particulares que decidan cederlas para alquiler social. Otra propuesta de la coalición liderada por Joan Ribó es la aprobación de un Plan Integral de Vivienda Municipal y Social dotado de fondos públicos que promueva el alquiler asequible y que incluya un plan piloto municipal de vivienda compartida y alquiler público de habitaciones. 

Desde Ciudadanos se comprometen a bonificar hasta el 95% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Naturaleza Urbana de aquellas viviendas cuyos titulares las pongan a disposición del Ayuntamiento para alquiler social.

El PSPV apuesta por la construcción de 4.500 nuevas viviendas destinadas a jóvenes y a clases medias trabajadoras. También prometen recargos en el IBI a aquellos propietarios que mantengan más de 10 viviendas vacías y fuera del mercado y un plan de rehabilitación de vivienda vacía a precio asequible.

Desde el PP se proponen convertir la sociedad municipal AUMSA en gestora integral, en régimen de alquiler, de la totalidad del parque público de viviendas del Ayuntamiento para ofrecerlas a precios asequibles en función de las rentas disponibles de los demandantes. 

Unides Podem centra sus propuestas en la constitución de un parque público municipal de vivienda social y en la rehabilitación municipal de viviendas privadas a cambio de su puesta a disposición para alquiler. La formación ha asegurado que dedicarán un 30% de las viviendas procedentes de obra nueva o de rehabilitación integral a vivienda asequible. 

CASTELLÓN

La propuesta de Ciudadanos en Castellón es la puesta en marcha de programas de alquiler asequible sobre las viviendas vacías existentes que ofrezcan incentivos y garantías tanto a propietarios como a inquilinos.

Compromís se centra en la juventud con medidas como el desarrollo de programas municipales de alquiler social y la puesta en marcha de una bolsa de vivienda joven. Su programa también contempla la construcción de 200 viviendas para alquiler social en solares municipales y la rehabilitación y el alquiler de pisos en el centro histórico. 

MADRID

El problema de la vivienda en Madrid ha tenido protagonismo en la campaña electoral después de que activistas antidesahucios protagonizasen escraches y protestas contra los líderes políticos. Todos los partidos asumen que existe un problema, pero las soluciones que cada uno aporta son diferentes. 

El PP apuesta por la construcción de 15.000 viviendas para mediante colaboración público-privada. También contempla un programa para que las viviendas vacías salgan al mercado y un cheque vivienda para ayudar al alquiler a menores de 35 años que lleven empadronados más de cinco y no tengan piso en propiedad.

Desde Ciudadanos aumentan a 20.000 las viviendas que pretenden construir, en colaboración público-privada. Esta cifra es superada nuevamente por Madrid en Pie que quiere incrementar en 50.000 viviendas públicas el parque actual, un proyecto que se plantea para los próximos ocho años.

El PSOE también contempla ampliar el parque público de viviendas para alquiler, pero además propone la rehabilitación de las más de 24.000 infraviviendas y 63.000 viviendas en déficit de conservación de la ciudad. Por su parte, el programa de Más Madrid, la formación de Carmena, recoge que ofrecerán más viviendas construidas por el Ayuntamiento con un alquiler más bajo. 

BARCELONA

El problema de la vivienda, la segunda preocupación de los barceloneses según el último barómetro municipal, ha protagonizado la última semana de campaña para las elecciones del próximo domingo. En un debate organizado por la PAH y que no contó con la presencia de la candidatura de Manuel Valls, los candidatos explicaron cuáles son sus propuestas. 

Ada Colau, que aspira a repetir su mandato como alcaldesa con Barcelona en Comú, critica la poca implicación de la Generalitat y se muestra a favor de las multas a los fondos buitre y del rescate de pisos para salvar contratos de alquiler. 

PSC propone que el Ayuntamiento avale a las personas vulnerables que no puedan pagar el alquiler y dé subvenciones a quienes no puedan afrontar las cuotas de la hipoteca. Mientras que el PP ha prometido construir 8.000 viviendas públicas en cuatro años y facilitar que 13.000 locales se transformen en vivienda.

Por su parte, JxCat se ha mostrado favorable a la expropiación y a limitar el número de propiedades que un solo inversor puede tener para frenar la subida de precios. Desde la CUP se muestran a favor de la expropiación de los pisos en poder de los fondos buitre para asegurar que todas las viviendas en su poder pasan a engrosar la bolsa de vivienda asequible de la ciudad.