Madrid, 28 may (EFECOM).- Los inversores del Banco Popular afectados por la reducción a cero de sus acciones presentaron hasta finales de 2018 más de 1.000 reclamaciones por responsabilidad patrimonial y 262 recursos contra el FROB, fondo de rescate español, por su papel en la resolución de la entidad, acordada desde Europa.

En su memoria de actividades del último ejercicio, publicada este martes, el organismo considera "destacable" el elevado número de procedimientos en los que los perjudicados, accionistas y tenedores de deuda subordinada del Popular, invocan la responsabilidad del Estado a fin de ser indemnizados.

Mención aparte dedica a los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la Audiencia Nacional, 262, los cuales se encuentran suspendidos a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decida si avala o da marcha atrás a la resolución, realizada el 7 de junio de 2017 a instancias de las autoridades comunitarias.

Dicha vía, la contenciosa, abrió la batalla legal de los afectados, que solicitaron a la justicia española suspender de urgencia el proceso que acabó con la venta del Popular al Santander por el precio de un euro.

Ese agosto, la sala de vacaciones de la Audiencia desestimó atender tal pretensión de forma inmediata, si bien admitió a trámite los primeros recursos.

Apenas meses más tarde, los accionistas acudieron a la causa penal contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos y el auditor, en una investigación con dos piezas separadas que, a las puertas del segundo aniversario de la resolución, siguen pendientes de la toma de declaraciones.