Roma, 28 may (EFECOM).- El vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, pidió hoy a la Comisión Europea (CE) que no envíe cartas a Italia advirtiendo de su elevada deuda pública, que superó el 132 % del producto interior bruto (PIB) en 2018, y afirmó que el país intenta reducir el paro. 

"Espero que nadie en Europa envíe 'cartitas' a Italia. Veremos si llega esta 'cartita' y si nos multan por la deuda del pasado", dijo Salvini en declaraciones a la radio Rtl 102.5. 

Los medios italianos apuntan estos días a que la CE podría enviar esta semana una carta al país pidiendo explicaciones sobre la deuda pública del pasado año, algo que podría conducir más adelante a la apertura de un procedimiento de infracción y a una sanción de alrededor de 3.500 millones de euros, equivalente al 0,2 % del PIB italiano. 

Salvini opinó en las redes sociales que no es el momento adecuado para que Bruselas pida a Italia que pague "una multa de 3.000 millones de euros", cuando el país tiene una tasa de "desempleo juvenil superior al 50 % en algunas regiones". 

Y subrayó que su triunfo en las elecciones europeas del domingo, en las que la Liga fue el partido más votado de Italia con un 34,33 %, demuestran que "no se confía en una Europa basada en recortes", que presta más atención a la prima de riesgo y al mundo de las finanzas, que al empleo y a la economía real. 

También se refirió a la prima de riesgo, que mide la diferencia de rentabilidad entre el bono italiano a diez años y el alemán del mismo plazo y que hoy rozó los 290 puntos básicos. 

"La prima de riesgo no sube porque el 34 % de los italianos haya votado a la Liga, sino porque a alguno le conviene que Italia y el Gobierno italiano estén atados a las viejas reglas, que mantienen al país bajo la precariedad y el desempleo", argumentó. 

Finalmente, anunció que tiene preparada una propuesta política para poder aprobar su ansiada promesa electoral, una drástica bajada de impuestos hasta el 15 % y a la que tuvo que renunciar en los Presupuestos Generales de 2019. 

Esta medida, que tendrá que ser estudiada por el Consejo de Ministros, reducirá la carga tributaria a las empresas y familias con rentas de hasta 50.000 euros anuales y exigirá un incremento del gasto público en 30.000 millones de euros.