El nuevo presidente y consejero delegado de Deoleo, Ignacio Silva, ha reclamado hoy al Gobierno "un marco regulatorio claro" que incluya una ley de trazabilidad para solucionar lo que, en su opinión, es el problema de raíz del sector del aceite: precios y márgenes "muy bajos".

Así lo ha señalado Silva durante su discurso en la Junta de Accionistas celebrada hoy, apenas mes y medio después de que se hiciera público su nombramiento.

La reunión ha estado marcada por la tensión y las críticas de los minoritarios al rumbo de la empresa -dueña de marcas como Bertolli, Carbonell, Carapelli, Hojiblanca o Koipe-, que cerró el año pasado con pérdidas de 291 millones de euros que derivaron en que incurriera en "causa de disolución", a lo que se suma un desplome en bolsa del 70 % en el último año.

"La compañía tiene necesidad de priorizar, probablemente hemos hecho en el pasado demasiadas cosas, lo que nos ha impedido hacer mejor las más rentables o de potencial mayor. A lo mejor, es momento de una Deoleo no más grande, pero sí más fuerte", ha subrayado sobre su estrategia a seguir para reflotar la compañía.

De acuerdo con sus previsiones, Deoleo debe ahora acometer un plan estratégico que le permita en cinco años multiplicar casi por 3,5 su actual nivel de Ebitda, hasta los 55 millones de euros.

Por mercados, mientras que en España sus enseñas "evolucionan positivamente" en términos de cuota de mercado y penetración, en Estados Unidos sus resultados fueron negativos en 2018 y es "el país que lastra" sus cuentas.

"La bajada de precios drástica empujada por un competidor -en referencia a la cooperativa española Dcoop-, unida a la falta de estándares de calidad en el país que garantice la misma, nos impacta duramente en la cuenta de resultados", ha señalado.

Tampoco los resultados son positivos en Italia, un mercado "marcado por las promociones y los precios bajos".

A nivel general, ha lamentado "la mala situación en la que está el sector condicionado totalmente por unos precios a la baja y unos márgenes muy bajos que afectan a toda la cadena de valor del sector".

En su opinión, la solución no es "intervenir en el precio a corto plazo" -en alusión a las voces que abogan por que la Unión Europea (UE) permita tomar medidas extraordinarias como el almacenamiento privado-, sino que hace falta una ley de trazabilidad "que garantice un marco legal a uno de los productos que más puede hacer por la marca España".