El comité de empresa de Ferroatlántica en Cee-Dumbría (La Coruña) ha mantenido este martes una reunión durante algo más de cinco horas para analizar la venta de la compañía, una operación que ha considerado un "subterfugio legal" para llevar a cabo una "segregación encubierta" de las diez centrales hidroeléctricas.

Ferrogloble, participada en un 55 % por Grupo Villar Mir (GVM), ha alcanzado un acuerdo para vender a TPG Sixth Street Partners, en asociación con la española Ithaka, el cien por cien del capital de Ferroatlántica por 170 millones de euros, lo que afecta a las 10 centrales hidroeléctricas que la compañía tiene en la cuenca del río Xallas y a la planta de Cee-Dumbría.

Adicionalmente a la venta, se ha acordado que la planta de Cee-Dumbría siga siendo proveedora en exclusiva de Ferroglobe a largo plazo, que se compromete a suministrar la totalidad del mineral y a comprar toda la producción de la planta, proporcionando claridad al futuro de sus trabajadores.

En declaraciones a Efe, el presidente del comité de empresa en Cee, Alfonso Mouzo, ha explicado que los trabajadores están ahora en manos de la Xunta, pues será el Gobierno gallego el que "tiene que autorizar esta compraventa", al corresponderle el cambio de titularidad porque las concesiones hidroeléctricas se hicieron "en base a un interés público que era el mantenimiento de las fábricas y los puestos de trabajo de Cee y Dumbría".

"Este concepto no se cumple porque es una segregación encubierta de las diez centrales para quedar en manos del propio Grupo Villar Mir", ha enfatizado Mouzo, que sostiene que esta operación es la que no autorizó la Xunta hace dos años porque no se permitió la segregación de actividades.

Según el presidente del comité de empresa, "venden todo el paquete, las centrales y la actividad industrial, y se queda en sus manos el negocio igual de forma encubierta, es como si fuera una subcontrata Ferroglobe porque es el proveedor único y cliente final, toda la producción se vendería a Ferroglobe".

El director de Recursos Humanos de la compañía ha acudido a la reunión con el comité de empresa, lo que a su presidente le ha parecido una "falta de respeto total" porque, ante una operación de este tipo, esperaban al presidente.

"Consideramos que es una vuelta más de tuerca a lo que fue el proceso de segregación de hace dos años que la Xunta le denegó", ha añadido Mouzo, que ha trasladado la preocupación de los trabajadores por el futuro y viabilidad de la factoría, pues lo que se fabrica en ella también se hace en países como Sudáfrica, Venezuela o China.

Los trabajadores se han citado nuevamente mañana para evaluar lo sucedido y el jueves celebrarán una asamblea de trabajadores en los centros de Cee y Dumbría para decidir las próximas acciones a llevar a cabo.

"Tenemos un ERTE firmado en Madrid en febrero que se iba a aplicar desde marzo y durante dos años, pero está sin aplicar. Si tanta necesidad tenían de ahorrar y vender, ¿por qué no lo aplica?", se preguntan.

Fuentes de la empresa han indicado a Efe que en la reunión de hoy se ha ofrecido a los trabajadores garantías por escrito sobre los puestos de trabajo, e "incluso ventajas", para que "no contemplen con recelo" la nueva situación.