Pedro Talet Cara
Lisboa, 6 jun (EFECOM).- Portugal se dispone a estrenar un nuevo programa de "alquiler accesible" cuyas reglas, divulgadas hoy, limitan a los 600 euros los estudios de un ambiente en Lisboa, donde la presión turística y el incremento del valor del mercado ha provocado el éxodo de muchos residentes a la periferia.
El plan, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, impone límites diferentes en función de la zona del país en el que se encuentre el inmueble y su tamaño.
Así, Lisboa, donde se registrarán los precios más elevados de la "renta accesible", los arrendadores que se adhieran a este programa podrán cobrar hasta 600 euros por un estudio de un único ambiente, idéntica cantidad al salario mínimo del país.
Mientras, habrá un límite de 900 euros por un piso de una habitación o hasta 1.150 por una casa de dos.
La mayor cantidad, según recoge hoy el Diário de la República (equivalente al español Boletín Oficial del Estado) serán los 1.375 euros que podrá costar el alquiler de viviendas de tres habitaciones, de 1.550 en las de cuatro y de 1.700 en las de cinco.
En aquellas que tengan seis o más habitaciones -casos relativamente frecuentes en la capital portuguesa-, a esos 1.700 euros, se les podrá sumar hasta otros 150 adicionales por cada cuarto de más.
En el escalón anterior a Lisboa, se encuentran las localidades de Cascais, Oeiras, vecinas, y Oporto, la segunda ciudad del país, donde los precios máximos serán de 525 euros para las viviendas de un único ambiente, 775 en las de una habitación, 1.000 en las de dos, 1.200 en las de tres, 1.350 en las de cuatro y 1.500 en las de cinco.
La mayoría de localidades de Portugal se sitúan en el segundo escalón de precios más bajo, en el que las viviendas de una habitación podrán costar hasta 250 euros, las de dos habitaciones hasta 450 y las de cinco hasta 675.
No obstante, el Programa de Arrendamiento Accesible, que pretende combatir la acusada subida de precios que han sufrido los arrendamientos durante los últimos años, no estará disponible para todos los ciudadanos.
Si el alquiler se realiza por una única persona, esta no podrá tener unos ingresos brutos anuales que superen los 35.000 euros, un límite que se establecerá en los 45.000 si el contrato lo firma una pareja.
Por cada miembro adicional del núcleo familiar, el límite se incrementará en 5.000 euros, es decir, si una pareja con dos hijos quiere acceder al programa no podrá tener unos ingresos superiores a los 55.000 euros.
Por su parte, los arrendadores podrán percibir beneficios fiscales si la renta es inferior en un 20 % a los precios del mercado y si los inquilinos no tienen que soportar una tasa de esfuerzo -indicador que mide el número de salarios medios anuales requeridos para pagar una vivienda- superior al 35 %.
Gestionado por el Instituto de Habitación y Rehabilitación Urbana (IHRU), el programa establece que los contratos de alquiler tendrán un "plazo mínimo de cinco años, renovable por un período estipulado entre las partes", con lo se pretende combatir también el modelo de contrato anual, el más frecuente en la capital portuguesa.