Madrid, 12 jun (EFECOM).- Los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas han recurrido ante el Tribunal Supremo la metodología aprobada por el Gobierno para calcular la responsabilidad patrimonial de Estado (RPA), a la que se deberá hacer frente por el rescate de estas vías.

El recurso contencioso-administrativo ha sido interpuesto por Sociedades Titulización de Activos, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización SA y Kommunalkredit Austria AG, firmas tenedoras de los derechos de estos fondos, que compraron a la banca la mayoría de la deuda que soportaban las autopistas.

El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el acuerdo de interpretación del método para calcular la multimillonaria factura a la que deberá hacer frente el Estado por la quiebra de las concesionarias de las citadas autopistas, ahora en fase de liquidación y en manos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).

En dicha metodología, el Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la RPA que habrá que abonar por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción y no amortizadas (vía peajes)

A esta cantidad se sumará el coste de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías, pendiente de determinar, y se le restará las inversiones que se consideran necesarias para la "puesta a cero" de estas autopistas o coste de reposición, así como las expropiaciones pendientes de amortización y pagadas por la Administración.

Según una auditoría encargada a la empresa de ingeniería y consultoría Ineco, las autopistas rescatadas requieren inversiones de 370 millones.

En octubre de 2017, el Ejecutivo detalló en el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas que el gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000 millones de la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que estaban entonces en concurso de acreedores.

La estimación se rebajó posteriormente a 1.800 millones de euros, mientras que los fondos acreedores la cifran en unos 4.500 millones.