La junta de Codere ha rechazado por "mayoría suficiente" la petición de la familia Martínez Sampedro de ejercer una acción social de responsabilidad contra el presidente de la compañía, Norman Sorensen, por gestionar “sin neutralidad y siempre en beneficio de un accionista y en perjuicio de los demás”.

La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere y dueña del 18,5% de su capital, ya anunció que en caso de ser rechazada su petición llevará el caso a los tribunales a título personal.

Sorensen asumió la presidencia de Codere, tras la decisión del Consejo de Administración, liderado por el fondo Silver Point (22 % del capital), de destituir en enero del año pasado a los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro como presidente y vicepresidente de la compañía, respectivamente.

Los Martínez Sampedro consideran "evidentes" las consecuencias que ha tenido para el valor de Codere la actuación de Sorensen, "sin la neutralidad que exige su condición de consejero independiente y el buen gobierno de una compañía cotizada, actuando siempre en beneficio de los intereses de un accionista y en perjuicio de todos los demás", entre otras cuestiones.

Por otra parte, la Junta ha aprobado el nombramiento de los consejeros dominicales de Alberto Manzanares Secades y Fernando Sempere Rodríguez en sustitución de los hermanos Martínez Sampedro, que no han sido renovados al vencimiento del período para el que fueron nombrados.

Tras ser apartados de sus funciones ejecutivas, ambos permanecieron en el Consejo de Administración, donde Masampe (sociedad que aglutina la participación familiar) cuenta con un tercer asiento que ocupa Pío Cabanillas.

Los Martínez Sampedro consideran que fueron cesados por discrepancias en la gestión de Codere con los fondos "buitre", que se hicieron con la mayoría del capital durante su reestructuración financiera y a los que acusan de basar su estrategia en continuos "recortes", entre ellos de plantilla, restando así capacidad de crecer en ingresos.

Esta mala gestión, aseguran, es la que ha llevado a que las acciones de la compañía hayan perdido desde enero de 2018 hasta ahora un tercio de su valor en bolsa, pasando de 9,5 euros a poco más de 3.

Los ceses fueron impugnados ante un juzgado de lo Mercantil por los Martínez Sampedro, que también han llevado el caso ante un arbitraje en París, por entender que los fondos han incumplido el pacto de equilibrio entre los accionistas al que se llegó con motivo de la reestructuración.