El colombiano Efromovich, de Avianca, quiere comprar el 30% de Alitalia
El empresario colombiano Germán Efromovich, accionista mayoritario de la compañía aérea colombiana Avianca, quiere comprar el 30% de la aerolínea Alitalia, que se encuentra en administración concursal desde mayo de 2017, según una entrevista que publica el diario "Il Sole 24 Ore".
Efromovich, que hasta mayo era presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings y que fue destituido, asegura que se trata de una propuesta personal que ya ha enviado a la compañía pública italiana Ferrovie dello Stato, encargada desde el pasado año de elaborar un plan estratégico.
El empresario colombiano agrega en la entrevista que su intención es "participar en la gestión y en la reestructuración de la aerolínea".
"Tendría que ser el consejero delegado, al menos al inicio. No estoy buscando la manera de gastar 200 millones de euros. Creo que se puede llegar a un cambio en solo seis meses", añade.
El periódico explicó que una participación del 30% en Alitalia supondría desembolsar al menos 240 millones de euros.
Efromovich fue destituido de la junta de Avianca por no pagar un préstamo de 456 millones de dólares, pero en la entrevista asegura que tenía siete años para pagarlo.
También afirma que cuenta con el dinero para realizar la inversión en Alitalia, sin tener que requerir a un préstamo bancario.
Señala que compró Avianca cuando estaba en bancarrota en 2004 y la convirtió en la segunda aerolínea más grande de América Latina con 189 aviones, 22.000 trabajadores y con una facturación que ha pasado de 350 millones a 4.500 millones.
Fuentes próximas a las negociaciones ya explicaron en abril a
La aerolínea alemana Lufthansa y la británica de bajo coste easyJet mostraron inicialmente su interés por hacerse con algunos activos de Alitalia, pero se retiraron de las conversaciones al no convencerles la propuesta del Gobierno italiano.
Alitalia tiene además que devolver el préstamo de 900 millones de euros que le concedió el anterior Ejecutivo del Partido Demócrata para garantizar su operatividad, un crédito que la Comisión Europea (CE) investiga si fue una ayuda de Estado ilegal y si cumple con las normativa europea sobre apoyos a empresas en dificultades.
