La Seguridad Social nunca había tenido tantos afiliados. De media, durante junio registró 19.517.697 afiliados, un registro que no encuentra precedentes ni en los años del boom que precedieron a la crisis. Si se ajusta el punto de mira a los afiliados ocupados, el último día de junio se contaban 19.458.689, otra cifra histórica. Otro dato importante: como en junio había 8.839.580 pensionistas -que no pensiones-, existían 2,2 ocupados por cada pensionista, una proporción relevante que se afianza en sus mejores números desde el año 2010.

Todo ello constata que 2019 será un año récord en los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, que rondarán los 125.000 millones de euros. Aunque, sobre todo, todo ello pone de relieve la extrema necesidad de que España, más allá de intereses y cálculos electorales, acometa de una vez por todas una reforma de las pensiones públicas para reforzar su sostenibilidad y su suficiencia. 

¿Cómo? ¿Pero las cifras de afiliados no son tan buenas ni tan históricas? Lo son. Pero también lo son otras cifras, las correspondientes al gasto en pensiones, que cada mes bate su récord en un tendencia que no se detendrá por el concurso conjunto de tres elementos: el sistema cada vez soporta más pensiones, más altas y durante más tiempo. En otra época, la relación de dos afiliados ocupados por pensionista se consideraba mágica, el pilar que garantizaba la solidez del sistema público de pensiones. Pero ya no. 

No es nada nuevo, porque las pensiones llevan muchos meses mostrando la misma tendencia, pero esta realidad adquiere ahora otra dimensión al convivir con las mejores cifras de afiliación y de ingresos de siempre de la Seguridad, ya que ponen de manifiesto que ni siquiera estas cifras bastan para cerrar el agujero de la Seguridad Social ni atender el pago de las pensiones. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez estima que el déficit de la Seguridad Social se situará este año en el 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB), con lo que rondará los 15.000 millones de euros, después de que estos últimos años el ‘boquete’ haya rondado los 18.000 millones. 

"Desde 2009, el número de afiliados ocupados ha subido un 8,6%; en el mismo intervalo, el número de pensionistas ha crecido un 14% y la nómina de las pensiones, un 50%"

Justo esa suma, esos 15.000 millones de euros, es la cantidad que el Tesoro Público prestará este año a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Es el tercer año consecutivo en el que la Seguridad Social se endeuda, tras los 10.192 millones de 2017 y los 15.000 millones de 2018. 

La necesidad de recurrir ya de manera continua a la deuda evidencia que con los ingresos, por muy históricos que sean, no basta. Y no basta porque el sistema soporta 9,733 millones de pensiones -más que nunca-, de un importe medio de 991 euros -más alto que nunca-, con las de jubilación en 1.138 euros -sí, también más altas que nunca- y durante más años que nunca, por la mayor longevidad asociada a la creciente esperanza de vida. 

Esta combinación, imparable, es la que arroja un mes tras otro un nuevo récord en la nómina de las pensiones. El último, el de junio, alcanza los 9.644 millones de euros. Diez años antes, en junio de 2009, el importe se limitaba a 6.425 millones, con lo que desde entonces se ha disparado un 50%. En el mismo periodo, el número de afiliados ocupados ha aumentado un 8,6% y el de pensionistas, un 14%.

Estas cifras acarician además nuevos hitos que se alcanzarán en los próximos meses para reforzar la tensión sobre el sistema. En poco tiempo la pensión media llegará a los 1.000 euros, el número de pensiones saltará de los 10 millones y la nómina total brincará los 10.000 millones de euros. Estos datos aguardan, lo mismo que una reforma que, dentro del enredo político en el que España habita desde 2015, no termina de llegar pese a la urgencia existente y la gravedad del tema. De hecho, y a la espera de esa futura reforma, los cambios de los años más recientes en torno a las pensiones constatan que las tensiones sobre los gastos irán a más tras la paralización o eliminación de varias de las medidas planteadas en las reformas de 2011 y 2013. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya mandó al limbo el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) por su alto coste social y económico y, además, retrasó la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que lucha contra el efecto de la longevidad al vincular las pensiones a la esperanza de vida, de 2019 a 2023. Además, las pensiones han vuelto a ligarse a la inflación en 2018 y 2019, lo que implica subidas del 1,6% en cada año, en un retorno que los políticos tenían la intención de mantener.