Madrid, 5 jul (EFECOM).- Banco Santander, Caixabank, Bankia, Enagás y Escal UGS deberán reintegrar al sistema de gas natural 368,4 millones de euros que percibieron por el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las constas de Vinaròs (Castellón), paralizado en 2013 tras los seísmos registrados en la zona.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes que ha acordado la revisión de oficio de diversas liquidaciones de actividades reguladas del sector del gas natural relacionados con el almacenamiento subterráneo Castor, en concreto las de los pagos realizados a esas cinco entidades.

El Tribunal Constitucional declaró en diciembre de 2017 la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos del real decreto-ley de 2014 que estableció la indemnización a Escal UGS -participada por ACS y concesionaria del almacén Castor- por la paralización del proyecto.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS a la concesión de la instalación.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante el citado real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Las entidades Santander, Caixabank y Bankia adquirieron el derecho de cobro de la indemnización abonada a Escal UGS, que percibieron hasta que la CNMC suspendió los pagos por la sentencia del Constitucional, al igual que hizo con Enagás, que percibió cantidades por operar y mantener las instalaciones en condiciones de seguridad después de la paralización.

Los tres bancos, a los que Enagás transfirió en su momento los derechos de cobro de la deuda que contrajo por abonar de una vez a Escal UGS la indemnización, tienen planteada una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Estado para cobrar, mientras que Enagás tiene presentada otra para percibir los costes que le cuestan las tareas de mantenimiento.

Según la CNMC, la anulación de varios preceptos del real decreto-ley "privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados con arreglo al mismo", lo que ha obligado a revisar esos pagos.