Lima, 11 jul (EFECOM).- Todas las autoridades nacionales, regionales, sociales, políticas y empresariales de Perú urgieron este jueves al diálogo para prevenir una tormenta social y resolver el conflicto generado por el desarrollo del cuestionado proyecto minero de Tía María en la sureña provincia de Arequipa.

Desde que el pasado martes se supo que el Gobierno había dado luz verde a la empresa Southern Perú, del Grupo México, para iniciar la explotación de uno de los mayores yacimientos de cobre de toda Sudamérica, el país está a la expectativa de las consecuencias que puede tener la autorización, otorgada pese al rechazo de los habitantes de la zona.

En 2015, una violenta protesta que dejó cuatro muertos, incluido un policía, y unos 300 heridos, forzó la paralización de la iniciativa, una tragedia que hoy todo el mundo quiere evitar pero que no parece encontrar una fácil solución.

Los pobladores y gobernadores locales han exigido una reunión con el presidente Martín Vizcarra para aclarar la situación y anuncian un paro general indefinido a partir del día 15.

"Es un escenario complicado, porque es hablar de posibilidades de diálogo en un conflicto donde ya se parte de hechos consumados: la mina ya tiene las licencias y los permisos aprobados, no le falta nada. Y también hay una posición irreductible de la población de rechazo al proyecto", afirmó a Efe el experto peruano en medioambiente, derechos sociales e industrias extractivas, José de Echave.

De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y directivo de la ONG Cooperacción, explica que no será fácil "encontrar una solución positiva para todos.

"Los pobladores no confían en la empresa, que no tiene los mejores antecedentes ni trayectoria en el país en su manejo ambiental, y por otro lado perciben el proyecto como una amenaza a su actividad, que es la agricultura y que genera 24.000 puestos de trabajo", apuntó.

El primer ministro peruano, Salvador del Solar, dijo este jueves que el Gobierno trabaja para despejar "todas las inquietudes y dudas" en torno a Tía María e hizo un llamamiento al "diálogo".

Además, para atemperar los ánimos, indicó que aunque Southern Perú obtuvo la licencia y cumplió con los procedimientos administrativos, también existe el compromiso de "no construir" mientras el ambiente social sea desfavorable.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía de Perú, la patronal del sector, afirmó que la empresa está "promoviendo" los espacios para obtener "un ambiente propicio para la inversión", algo que a su juicio está logrando cambiar la percepción de la población.

Siguiendo el mensaje de Southern, el líder patronal apuntó que "Tía María brinda la oportunidad de pensar en un esquema de convivencia entre agricultura y minería. Y sí es posible tener las dos cosas. Es un valle rico, que puede desarrollarse con planes, es una oportunidad para generar bienestar y mejorar oportunidades de vida".

Southern planea invertir 1.400 millones de dólares en este proyecto, que modificó respecto a las iniciativas iniciales que causaron el estallido social en 2015 para evitar impactos en la agricultura y los recursos hídricos de la zona.

Tía María, una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120.000 toneladas de cobre cuando esté operando, contribuyendo a la economía de la región de Arequipa.