Competencia ha rebajado de 88 a 80 millones de euros las multas a empresas y asociaciones del sector lácteo tras reabrir el proceso iniciado por intercambiar información para influir en los precios que se pagaban a los ganaderos.

El expediente analiza hechos ocurridos entre 2000 y 2013 en el sector de la leche cruda y ha sido reabierto tras corregir los "defectos" de forma que motivaron que la Audiencia Nacional anulara el procedimiento en octubre de 2018, al estimar parcialmente el recurso presentado por una de las compañías implicadas.

En un comunicado divulgado este viernes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha precisado que las sanciones son "en algunos casos diferentes a las que se impusieron en 2015" debido a que el tribunal ordenó retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a abril de 2014, por lo que la duración de algunas de las conductas castigadas es más corta.

De la lista de grandes firmas del sector sancionadas desaparece Central Lechera Asturiana (con 696.000 euros de multa); mientras que las sanciones a Capsa (21,8 millones), Lactalis (11,6 millones) y Calidad Pascual (8,5 millones) se mantienen en el mismo importe y bajan las de Danone (de 23,2 a 20,2 millones) y Nestlé (de 10,6 a 6,8 millones).

Del resto, Schreiber continúa con 929.000 euros de infracción, seguida por el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (cae de 200.000 a 90.000 euros), la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (baja de 100.000 a 60.000 euros) y Central Lechera de Galicia (que continúa con 53.000 euros de multa).

Desde Competencia han insistido en que la actuación de estas empresas y asociaciones es considerada "una infracción muy grave", ya que intercambiaron información sobre el importe a pagar por la leche a los ganaderos y sus excedentes para "ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios".

"Los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por si concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea", han señalado estas mismas fuentes.

Los responsables de la CNMC han revelado que algunas de las implicadas también intercambiaron datos "con la intención de controlar los excedentes de leche y la conversión de ésta en leche en polvo, condicionando de manera artificial el precio de aprovisionamiento de la leche cruda".

Según figura en los registros de Competencia, el expediente arrancó en 2011 con la llegada de documentación referida a la fijación del precio de leche cruda de vaca en Castilla y León y Galicia.

En 2012, se realizaron inspecciones en las sedes de estas compañías y comenzó un "procedimiento sancionador" que fue ampliado en abril de 2014; ya en 2015, derivó en una resolución que proponía una multa superior a los 88 millones de euros.