Alba Santandreu

Sao Paulo, 13 jun (EFECOM).- La profunda crisis que azota a los estados brasileños podría agravarse con la exclusión de los funcionarios regionales y municipales de la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno, cuya aprobación definitiva en la Cámara de los Diputados quedó ayer viernes para el mes de agosto.

El Ejecutivo del presidente Jair Bolsonaro consiguió esta semana una importante victoria en el Congreso después de que la Cámara baja diera el primer empujón al proyecto, aunque todavía está pendiente de una segunda votación antes de pasar por el Senado.

El documento original propuesto por el Ejecutivo, que modifica las reglas de acceso a la jubilación de trabajadores del sector privado y funcionarios federales, sufrió algunos cambios por parte de los diputados y finalmente no incluyó a los estados y municipios.

Su exclusión no compromete el ahorro previsto por el Gobierno, pero, según economistas consultados por Efe, puede aumentar el desequilibrio de las cuentas regionales, presionadas por el pago de nóminas a los funcionarios públicos y las partidas destinadas a las pensiones.

Brasil cuenta con más de 11,4 millones de funcionarios públicos en las tres esferas de poder (federal, regional y municipal), un 83 % más que hace 20 años, según el Atlas del Estado Brasileño, lanzado en 2017 por el Instituto de Investigación de Economía Aplicada (Ipea).

Los datos, referentes a 2016, revelan que los funcionarios públicos municipales representan el 57 % del total en el país, mientras que los regionales equivalen al 33 % y los federales apenas el 10 %, aunque tienen los sueldos y las pensiones más elevadas.

Además, según explicó a Efe el economista Paulo Tafner, autor del libro "Reforma de las Pensiones: por qué Brasil no puede esperar", varios estados del país, como Río Grande do Sul o Río de Janeiro, ya gastan más con los funcionarios jubilados que con los que están activos.

"La población paga muchos impuestos y no tiene un retorno en forma de servicio público. Una parte muy grande va dirigida al pago de las pensiones y la situación es dramática", sentenció Tafner.

La inclusión de los estados y municipios en la reforma estaba en la versión inicial propuesta por el Gobierno, pero el punto se eliminó al no haber un acuerdo unánime entre los gobernadores de los 27 estados de Brasil, especialmente los del nordeste, que cuestionaron algunos de los puntos del documento original.

"La reforma del sistema de pensiones y jubilaciones tratando apenas de los problemas del Estado es una ficción, es extremadamente abstracto, el Estado no presta ningún servicio en relación a los ciudadanos", enfatizó el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, arduo defensor de la inclusión de estados y municipios.

De esa forma, agregó Caiado, Brasil podría certificar "la quiebra" de los estados y municipios.

En caso de que la propuesta no pase el trámite del Senado, como todavía podría ocurrir, los 27 estados y los 5.570 municipios del país deberían llevar a cabo su propia reforma de las pensiones, lo que dibuja un escenario complejo y que puede agravar todavía más la debilitada situación financiera en diversas regiones del país.

La mayoría de los estados brasileños, salvo algunas excepciones, pasa por una profunda crisis financiera desde comienzos de 2015, cuando la recaudación de los gobiernos regionales se vio golpeada por una crisis sin precedentes, y se ha intensificado en los primeros meses del año en medio de un escenario económico poco alentador.

"Es un cuadro complejo, que comienza con la caída de la facturación en función de la crisis económica y por la caída del precio del petróleo en algunos estados", explicó a Efe Gustavo Fernandes, profesor de administración pública de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

Al borde del abismo fiscal, Río de Janeiro se ha convertido en uno de los emblemas de la caótica situación de las finanzas públicas regionales después de años de bonanza estimulados por el alza del petróleo.

Desde entonces, el "estado maravilloso" entró en una senda de decadencia que ha puesto en jaque servicios que dependen del gobierno regional, como la salud, la educación, la seguridad pública y las infraestructuras.