El Tribunal Supremo eleva a Europa la financiación del bono social eléctrico
Madrid, 19 jul (EFECOM).- El Tribunal Supremo ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el régimen de financiación del bono social eléctrico, que se aplica a los consumidores de energía más vulnerables, tal y como acordó el pasado 27 de marzo el Tribunal Constitucional (TC).
Ese día, el Constitucional estimó el recurso de amparo interpuesto por el Gobierno e instó al Supremo a acudir a la justicia europea, al entender que las sentencias dictadas por este tribunal en octubre de 2016, que tumbaron este régimen al declararlo incompatible con la normativa comunitaria, lesionaba el derecho a un proceso con todas las garantías.
Ahora, el Supremo acude al TJUE para aclarar si, de acuerdo con la doctrina establecida por ese tribunal de Justicia, resulta compatible una regulación nacional en la que la financiación del bono social se hace recaer sobre determinados agentes del sistema eléctrico cuando algunas de ellas tienen muy "escaso peso específico" en el sector.
También, sobre la fórmula para financiar este bono social, que no se establece con carácter excepcional, ni con un alcance temporal limitado, sino de forma indefinida y sin retorno ni medida compensatoria alguna.
En octubre de 2016, la sala de lo Contencioso-Administrativo declaró inaplicable este régimen de financiación tras estimar los recursos interpuestos por EON España y Endesa.
En dos sentencias, que reconocían una indemnización a ambas compañías, los magistrados destacaban que en función de la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad "las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables".
Además, consideraban que el régimen quebrantaba el principio de proporcionalidad ya que "hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria".
Un mes después, el Gobierno planteó un incidente de nulidad contra ambos veredictos, que obligaban a devolver a las grandes eléctricas unos 500 millones de euros, según fuentes oficiales, el cual fue rechazado por la sala.
