Madrid, 24 jul (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles la imputación del BBVA por el presunto espionaje que la entidad encargó entre 2014 y 2017 al excomisario José Villarejo, cuyo entorno habría ofrecido "dádivas" a algunos directivos investigados a cambio de su contratación.

La decisión final la deberá adoptar el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que BBVA, tal como ha desvelado hoy, ha enviado "hallazgos relevantes" de su propia investigación sobre la relación de la entidad con la empresa Cenyt, de Villarejo, al tiempo que reclamaba personarse en la causa como perjudicado.

Pero el Ministerio Público ha presentado un escrito en el que pide investigar al banco por supuestos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y corrupción en los negocios.

A tenor de este relato, del análisis de la documentación incautada al excomisario y de los archivos facilitados por BBVA quedaría acreditado que la contratación y los pagos a Cenyt afectaron a "varias áreas sensibles de la entidad y a diversos ejecutivos de forma prolongada".

Uno de los delitos por los que los fiscales quieren investigar al banco es por corrupción en los negocios, en referencia a las supuestas dádivas (regalos o comisiones) que habría recibido algún directivo imputado en la causa a fin de facilitar los contratos con Cenyt.

Estos contratos "ilícitos" se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía Nacional, razón por la que el BBVA no podía requerir sus labores de espionaje en 2004 con las que buscaba frenar el intento de toma de control de la entidad por la constructora Sacyr.

De dicha incompatibilidad nace la petición por cohecho activo, puesto que, dice Anticorrupción, las contrataciones tuvieron como objeto "servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial".

Y es que Villarejo pudo acceder a "seguimientos personales", a las "comunicaciones" y a "documentación bancaria" de los espiados gracias a sus contactos en la Policía, lo que supone "una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas" que podría constituir descubrimiento y revelación de secretos.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe aseguran que el paso de la Fiscalía era más que previsible ya que las investigaciones a directivos acaban salpicando a sus respectivas entidades, como ha sucedido con el presunto blanqueo de mafias chinas a través de sucursales de CaixaBank o la salida a Bolsa de Bankia.

En el supuesto de ser declarada culpable, la compañía se enfrentaría previsiblemente a una multa, aunque la ley contempla una posible disolución, la suspensión de actividades durante cinco años, inhabilitación para obtener ayudas públicas y beneficios fiscales, o la clausura de sus establecimientos.

Además, el Código Penal, reforzado en 2015 por la jurisprudencia, prevé la prohibición definitiva o temporal de las actividades en las que se haya favorecido o encubierto el delito.

Según el propio BBVA, ha aportado "de forma proactiva" a la justicia "hallazgos relevantes" de la investigación encargada a principios de este año por el nuevo presidente del banco, Carlos Torres Vila, lo que confirma el "compromiso con la ley" al que ha aludido en los últimos meses el banquero, que en su "blog" personal pide a sus empleados "evitar prejuzgar hechos no constatados".

De confirmarse la imputación, el siguiente paso para BBVA será designar un representante legal, recuerda la Fiscalía, que pide al juez que rechace la personación del banco como acusación particular en esta novena pieza separada de la "operación Tándem".

En ese caso, la entidad seguiría los pasos de su ex consejero delegado Ángel Cano, del director de la red de Banca Comercial del banco, Ignacio Pérez Caballero, del responsable de rendimiento y control en Finanzas, Javier Malagón, del presidente de Distrito Castellana Norte -sociedad participada por el banco-, Antonio Béjar, y del consejero de la filial turca Garanti, Ricardo Gómez.

También del ex jefe de seguridad de BBVA y excomisario de la Policía judicial, Julio Corrochano, uno de los principales implicados en la trama, así como de su sustituta en la entidad, Inés Díaz Ochagavia y el jefe del equipo de Seguridad, Nazario Campo.