Madrid, 24 jul (EFECOM).- BBVA, al que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles incluir como investigado -lo que antes se conocía como imputado- en la causa que trata de aclarar el presunto espionaje que encargó la entidad al excomisario Villarejo, no es el primer banco inmerso en un proceso judicial como persona jurídica.

Anticorrupción ha pedido al juez del caso la imputación del banco por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares, en la pieza sobre el presunto espionaje que encargó la entidad al excomisario en 2004, ante una OPA hostil de Sacyr, y que se prolongó hasta 2017.

Entre otros argumentos, la Fiscalía defiende que los servicios contratados por BBVA habrían implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas supuestamente espiadas, mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria.

Asimismo, Anticorrupción sostiene que algunos de los directivos implicados habrían recibido dádivas procedentes del entorno del excomisario por la facilitación de tales contrataciones.

Prácticamente todos los grandes bancos españoles han tenido que responder ante los tribunales por irregularidades cometidas por sus administradores.

El Banco Santander dejó de estar imputado hace menos de tres meses en la liquidación del Popular, en junio de 2017, que posteriormente la entidad que preside Ana Botín compró por un euro.

La Audiencia Nacional decidió el pasado abril admitir a trámite el recurso presentado por el Santander contra su imputación, en calidad de heredero, en la causa que investiga la quiebra y liquidación del Banco Popular en contra del criterio de la Fiscalía, que entendía que, pese a que el banco no tenía antes de la fusión responsabilidad penal en los hechos, si se le debía atribuir a la nueva sociedad resultante.

Otro de los casos más sonados de los últimos años ha sido el de Bankia, imputado junto a su matriz BFA en el juicio por la salida a Bolsa, que encara ya su recta final.

Caixabank figura también como imputado por haber, presuntamente, ayudado a través de alguna de sus sucursales a blanquear dinero procedente de la mafia china en España.

No fue hasta 2010 cuando se aprobó la Ley Orgánica de 23 de noviembre, que reformaba el Código Penal e introducía en nuestro ordenamiento jurídico, por primera vez de forma clara y determinante, un verdadero sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Quedaba así obsoleto el principio "societas delinquere non potest", que en la práctica equivalía a admitir que una sociedad no podía delinquir.

De ahí que, aunque en la reciente historia financiera de España haya habido irregularidades en el sector financiero, las consecuencias las han asumido los administradores y no las propias entidades.