Bruselas, 25 jul (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) pidió este jueves a España suprimir la obligación impuesta en determinados casos a los contribuyentes no residentes de nombrar un representante fiscal con domicilio en el territorio nacional.

Bruselas envió hoy a España un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, porque considera que la situación española "puede dar lugar a costes adicionales y a obstáculos para los contribuyentes".

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la obligación de tener un representante implica "soportar el coste de la remuneración" del mismo.

"Además, el hecho de que el representante deba residir en España obstaculiza la libre prestación de servicios de personas y empresas establecidas en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo", señala Bruselas.

De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, esas obligaciones legales "quebrantan la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales, en la medida en que imponen costes adicionales a los contribuyentes no residentes que pueden disuadirlos de emprender actividades o realizar inversiones en España".

Si España no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría optar por llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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