México, 26 jul (EFECOM).- El Gobierno de México debe reestructurar la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), afectada por una crisis de deuda y de producción, para evitar que sus bonos soberanos pierdan el grado de inversión, avisó este viernes el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF).

"Hay un peligro muy grande en que México pierda el grado de inversión", explicó en entrevista con Efe la investigadora Liliana Rojas, directora del Centro Mundial de Desarrollo y de CLAAF, comité compuesto por prestigiosos economistas latinoamericanos.

Rojas recordó que la agencia Fitch calificó la deuda de la petrolera estatal mexicana como bono basura, algo que podría afectar a la calificación de la deuda soberana de México, que todavía mantiene el grado de inversión.

La investigadora advirtió de que "es peligrosísimo arriesgar o perder este grado de inversión" porque, de ser así, los inversores venderían de manera automática los bonos del Gobierno y eso encarecería inmediatamente la deuda del país.

Los bonos del Gobierno mexicano, dijo, están repartidos por todo el mundo, especialmente en fondos de pensiones internacionales, los cuales se ven obligados a vender aquellos bonos que no son seguros para dar rentabilidad a sus clientes.

"Está muy bien empezar reduciendo impuestos a Pemex, pero lo más importante es reestructurar la gobernanza administrativa de la empresa", dijo Rojas, quien considera insuficiente el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para la petrolera estatal.

La presidenta de CLAAF sugirió al Gobierno mexicano hacer una auditoría independiente para "ver cuáles activos no son esenciales para la empresa" y venderlos.

Recordó que muchos expertos opinan que para recuperar la producción e ingresos de Pemex habría que explorar nuevos campos en aguas profundas, por lo que resulta insuficiente el plan de López Obrador de construir una refinería en Dos Bocas, estado de Tabasco.

El Gobierno de México presentó el pasado 16 de julio el Plan de Negocios de Pemex, que mediante una reducción de hasta 11 % de la carga fiscal y una multimillonaria inversión busca reflotar a la petrolera, aquejada de la elevada deuda y de una caída de la producción y el refino.

Pemex tiene una deuda financiera de más de 106.000 millones de dólares y otros 64.000 millones comprometidos en pensiones de trabajadores, por lo que es la petrolera más endeudada del mundo.

Durante las últimas décadas ha visto desplomarse su producción petrolera de 3,4 millones de barriles diarios en la Presidencia de Vicente Fox (2000-2006) hasta 1,67 millones de barriles diarios actuales.

Para Rojas, la situación de Pemex ejemplifica la falta de "institucionalidad" que durante décadas ha lastrado el potencial económico de México.

"México viene asombrosamente creciendo a tasas extremadamente bajas. Digo asombrosamente porque desde los años noventa la cantidad de reformas macroeconómicas en México ha sido un montón", expresó la economista.

Desde que en 1994 el Banco de México es una institución autónoma del Gobierno, el país ha tenido un tipo cambiario flexible y ha diversificado sus exportaciones "de forma impresionante", dijo.

Sin embargo, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) se ha mantenido en modestas tasas del 2 % y diversos organismos financieros han apuntado que este 2019 podría ser todavía menor.

Rojas afirmó que, a pesar de las reformas económicas, hay "muchas distorsiones a nivel micro y deficiencias institucionales".

"En casi todos los índices de institucionalidad, México aparece muy pero muy bajo; me refiero a temas como corrupción pero también al cumplimiento de contratos", expresó.

Con el Gobierno de López Obrador se da el caso que por un lado promete acabar con la corrupción, pero por otro toma decisiones económicas muy cuestionadas, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

"El problema que veo en México es que muchas decisiones se están haciendo sin el suficiente análisis técnico e institucional", dijo Rojas.

Una crítica que coincide con la expresada por el exministro de Hacienda Carlos Urzúa, quien renunció el pasado 9 de julio por discrepancias en las políticas económicas de López Obrador.