El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje.

La decisión del juez se conoce justo antes de que el banco presente sus cuentas trimestrales el próximo miércoles. Y tres días después de que el actual presidente de la entidad, Carlos Torres, mandase un mensaje al mercado al asegurar el "firme compromiso" del banco "con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley, para lo que continuaremos colaborando activamente con la justicia”. 

En un comunicado, BBVA aseguraba que ha aportado información a la causa desde su inicio, “incluso con anterioridad a la apertura de la pieza nº 9”. Torres también explicaba que la entidad ha compartido también los hallazgos relevantes de la investigación ‘forensic’ encargada hace seis meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC, “información que no estamos autorizados a difundir públicamente dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial”. Aun así, el futuro del presidente del banco está en juego. Sobre todo por el daño reputacional que causaría una imputación que abarca el periodo en el que el propio Torres era número dos de la entidad.

La petición de la Fiscalía para imputar al banco como persona jurídica se registró el pasado viernes, después de la comparecencia como investigados de una decena de cargos actuales y pasados de la entidad, entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión que ya ha abonado.

EL CASO DE ANTONIO BÉJAR

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción también ha retirado este lunes la petición hecha la semana pasada al juez del 'caso Villarejo' para que fijase una fianza de medio millón de euros al que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA Antonio Béjar González para eludir la prisión. Esta última decisión del Ministerio Público tiene lugar tras la última declaración como investigado por contratar presuntamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha pedido que no se acuerde la medida cautelar solicitada el pasado viernes tras volver a escuchar al exdirectivo de la entidad financiera, que ha estado tres horas declarando.

Béjar ya avanzó en su última comparecencia ante el juez Manuel García Castellón que tenía intención de aclarar toda su implicación en la presunta contratación por parte del BBVA al excomisario -en prisión preventiva- durante una década, por lo que trasladó su intención de colaborar con la instrucción, según informaron fuentes conocedoras de la declaración a Europa Press.

Así, tras las aportaciones sobre el caso que ha hecho el investigado, los fiscales han decidido retirar la petición de imponer el pago de 500.000 euros si quería eludir su ingreso en prisión preventiva.

Asimismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también investiga la supuesta orden que dio el pasado mes de junio Distrito Castellana Norte, empresa de la que fue cesado Béjar como presidente el pasado viernes, para destruir documentación relacionada con los contratos entre Villarejo y el banco, tal y como reveló el diario 'El País'.

CONTRATÓ A CENYT SIN SABER QUE ERA DE VILLAREJO

La primera declaración de Antonio Béjar como investigado fue el pasado 4 de julio, cuando reconoció que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora en este departamento entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos. No obstante, incidió en que desconocía que la sociedad fuese propiedad del comisario jubilado, según fuentes conocedoras de esa declaración que fueron consultadas por Europa Press.

Sólo respondió a preguntas de su abogado y aseguró que no conocía personalmente a Villarejo y nunca habló con él mientras trabajó en el BBVA. Asimismo, recalcó que durante este tiempo que trabajó para la entidad financiera siempre actuó conforme a las normas legales y a los códigos internos del banco, que a su vez se ajustaban a una estricta legalidad.

El juez de la Audiencia Nacional investiga dentro del caso Tándem los servicios de espionaje encargados al grupo empresarial de Villarejo a partir de 2004 por parte del banco con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr y frenar el desembarco de ésta en el Consejo de Administración de BBVA. Según la investigación el excomisario habría percibido durante 13 años una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor que impute como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares, decisión que aún está pendiente de conocerse.