Madrid, 30 jul (EFECOM).- CCOO ha denunciado que cerca de 100.000 personas dependientes en grado severo siguen desprotegidas en España, es decir, en lista de espera para recibir la prestación que les corresponde, por lo que ha reclamado un plan de choque y una reforma urgente de la normativa.
Según el documento "El sistema de protección social en España 2018" presentado hoy, en España hay cerca de 1,4 millones de personas potenciales beneficiarios de una ayuda de dependencia, de los que 1 millón han accedido a una prestación efectiva.
Frente a esto, cerca de 350.000 personas continúan a la espera de una prestación y de ellos 98.236 son dependientes de los grados más elevados (grados II y III, equivalente a grandes o severos dependientes).
El informe denuncia que es especialmente grave que tras más de una década, el sistema de dependencia no sea capaz de garantizar la cobertura de al menos los casos más graves y subraya que la tasa de cobertura no ha mejorado lo más mínimo durante los años de recuperación económica.
La secretaria confederal de Políticas y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisande, ha explicado que la financiación insuficiente y las listas de espera son el principal problema de un sistema "que no es capaz de atender la realidad actual", y ha criticado que, sin medidas adicionales, las listas de espera seguirían hasta 2023.
Ante esto, CCOO ha reclamado la puesta un plan de choque que mejore la protección social en España, especialmente sus vías de financiación, así como la creación de mecanismos de control y evaluación de políticas públicas de protección.
También ha pedido abrir el debate sobre la necesidad de una ley estatal de servicios sociales.
Guisande ha destacado también los últimos datos del Eurostat de 2017, que registraron un aumento en la desigualdad y la pobreza en España en los últimos 8 años, así como una reducción del 8,3 % en la renta media de los hogares.
Esto se traduce en un incremento del riesgo de pobreza relativa y de la población con carencias materiales severas, que "solo se solventaría con una intervención de las instituciones", asegura.
Destaca también el margen de 6 puntos en el gasto público en protección social en España, que se sitúa en un 41 % frente al 47 % de Europa.